En medio de las crecientes críticas al manejo de la inmigración ilegal en Europa y a la política migratoria aplicada en España bajo el gobierno de Pedro Sánchez, una investigación policial reveló un caso que expone fallas graves en el sistema de protección de menores en Canarias. El episodio se inscribe dentro de un contexto más amplio de saturación de los centros de acogida y dificultades para controlar movimientos dentro del sistema. El caso se enmarca en la denominada Operación Timanfaya, desarrollada por la Policía Nacional, que permitió desarticular una organización con ramificaciones en varios países y dedicada al traslado ilegal de menores desde Canarias hacia distintos puntos de Europa.
Según la investigación, una inmigrante subsahariana de 36 años que se hacía pasar por mena logró infiltrarse en un centro de menores de Lanzarote y habría facilitado la salida de al menos 13 jóvenes del sistema de protección para integrarlas en una red internacional vinculada a la trata. Las pesquisas comenzaron tras detectarse desapariciones reiteradas en un centro ubicado en Arrecife. A partir de allí, los agentes empezaron a observar a una supuesta menor que ejercía una influencia notable sobre el resto de chicas. Su comportamiento y liderazgo despertaron sospechas, que terminaron confirmándose cuando se descubrió que en realidad se trataba de una persona adulta con un papel clave dentro de la organización.
