El régimen terrorista de Irán fue elegido para integrar el Comité de Programa y Coordinación (CPC) de la ONU, un órgano con poder para influir en el presupuesto y las prioridades del organismo, vinculado además con programas relacionados a los derechos humanos, lo que generó polémica por la clase de país elegido para llevar a cabo esta tarea.
La designación se formalizó durante la sesión 2026 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, donde se aprobó la incorporación de varios países a este comité por un período de tres años.
El CPC tiene un rol central dentro de la estructura de la ONU, ya que revisa el plan estratégico, el presupuesto y define lineamientos operativos que impactan en áreas sensibles como los derechos de la mujer, derechos humanos, el desarme y prevención del terrorismo.
La inclusión de Irán en este espacio volvió a generar controversia dentro del ámbito internacional, al tratarse de un país señalado de manera reiterada por organismos y gobiernos por violaciones a libertades civiles y derechos fundamentales.
La nominación fue respaldada por varios países miembros del ECOSOC, entre ellos Reino Unido, España, Canadá, Francia, Alemania, Noruega, Países Bajos, Australia, Suiza, Letonia y Finlandia, lo que permitió avanzar con la decisión bajo un esquema de consenso.
El rechazo de Estados Unidos
Sin embargo, Estados Unidos dejó asentada una fuerte objeción durante la sesión del 8 de abril. A través de su representante ante el ECOSOC, Dan Negrea, la delegación estadounidense utilizó una herramienta formal para marcar su postura.
Mujeres iraníes.
Con el objetivo de disociarse del consenso, Negrea pidió la palabra para declarar oficialmente que no acompañaba la decisión, dejando constancia en el registro.
Además, sostuvo que el régimen iraní es “no apto” para integrar un comité de estas características, al afirmar que “amenaza a sus vecinos” y ha violado de manera sistemática los derechos humanos de su propia población.
La designación de Irán en un comité que interviene en la planificación y asignación de recursos de la ONU en la "defensa de los derechos humanos" vuelve a poner en debate los criterios de representación dentro del sistema internacional y la presencia de países que no respetan los principios que supuestamente buscan defender.
