Irán condenó a muerte a un activista por sus publicaciones en redes sociales

El régimen de Irán condenó a muerte a Amirhosein Musavi, un activista de 40 años detenido desde diciembre de 2024 por sus publicaciones en redes sociales. La sentencia fue comunicada por su abogado, Reza Shafakhah, y posteriormente confirmada por organizaciones internacionales de derechos humanos. El tribunal lo declaró culpable de "corrupción en la tierra", un delito contemplado en el código penal iraní que puede ser castigado con la pena capital.

El activista fue detenido el 18 de diciembre de 2024 en el aeropuerto Mehrabad de Teherán, cuando se disponía a viajar a la isla de Kish, en el golfo Pérsico. De acuerdo con su defensa, los organismos de seguridad habían vigilado su actividad digital durante aproximadamente seis meses antes de identificarlo como responsable de la cuenta.

La sentencia también contempla cinco años adicionales de prisión por "insultar las santidades religiosas", según informó la organización de derechos humanos Hengaw. El proceso estuvo a cargo de la Sala 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán, presidida por el juez Abolghasem Salavati.

La organización noruega Iran Human Rights sostuvo que el fallo representa un castigo por su disidencia en internet y cuestionó el procedimiento judicial. Según esa entidad, Musavi apareció en octubre de 2025 en un programa de la televisión estatal iraní, donde realizó declaraciones que lo vinculaban con Israel y con las protestas antigubernamentales de 2022. Posteriormente, el detenido habría denunciado que esas confesiones fueron obtenidas mediante torturas y amenazas.

El caso se suma a una serie de condenas y ejecuciones que organizaciones internacionales vinculan con la represión de la disidencia política en Irán. En un informe presentado ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el secretario general António Guterres señaló que las autoridades iraníes ejecutaron a 151 personas durante los primeros tres meses de 2026.

Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU registró al menos 53.777 detenciones relacionadas con las protestas desarrolladas entre el 25 de diciembre de 2025 y el 15 de febrero de 2026. El organismo también recopiló denuncias de malos tratos, violencia sexual, golpizas y aislamiento prolongado durante los arrestos.

La condena contra Musavi vuelve a colocar bajo escrutinio internacional el uso de la pena de muerte en causas relacionadas con la libertad de expresión y la actividad política en la República Islámica.