Una ministra de Holanda dijo que los jóvenes no deben mudarse para poder albergar a los inmigrantes ilegales en casas

Una polémica política estalló en Países Bajos después de que la ministra de Vivienda, Elanor Boekholt-O’Sullivan, afirmara que muchos jóvenes que buscan independizarse deberian permanecer en la casa de sus padres, en medio del debate sobre la asignación de viviendas sociales a inmigrantes ilegales.

La declaración se produjo durante una entrevista con el diario De Telegraaf, publicada el 13 de octubre, en la que la funcionaria explicó por qué el Gobierno considera necesario mantener mecanismos de prioridad para determinados inmigrantes ilegales antes de sus propios ciudadanos. Consultada sobre los jóvenes neerlandeses que no consiguen una vivienda propia, respondió que muchos deberian quedarse con sus familias.

Las críticas se centraron en si resulta justificable que algunos solicitantes de vivienda reciban prioridad por ser inmigrantes mientras otros ciudadanos, incluidos jóvenes que llevan años buscando alojamiento, continúan esperando.

La frase generó críticas porque los titulares de permisos de residencia por protección internacional, conocidos en el país como statushouders, pueden recibir prioridad para acceder a determinadas viviendas de alquiler social. Mientras tanto, numerosos jóvenes neerlandeses permanecen durante años en listas de espera o deben afrontar los elevados precios del mercado privado.

Las declaraciones provocaron cuestionamientos incluso dentro de la coalición gubernamental. El partido liberal VVD reclamó que la ministra se disculpara ante el Parlamento. El diputado Jurgen Nobel consideró que la respuesta merecía una rectificación, mientras que la formación BBB presentó preguntas parlamentarias para que la funcionaria aclarara su posición.

El debate ocurre en un país que lleva años enfrentando dificultades para satisfacer la demanda de viviendas asequibles. Según la Oficina Central de Estadística neerlandesa (CBS), en 2024 disminuyó el número de menores de 25 años que abandonaron el hogar familiar para alquilar o comprar una vivienda.

La inmigración ilegal también influye en la demanda. Un estudio del Instituto Económico para la Construcción, citado en la prensa neerlandesa, estimó que, si se mantienen las tendencias de llegada, durante la próxima década se necesitarían unas 340.000 viviendas nuevas para alojar a inmigrantes. Esa cifra comprende distintas categorías migratorias y no exclusivamente a "refugiados".

La controversia expone una tensión entre dos problemas concretos: La inmigración ilegal y las dificultades de los residentes que no consiguen acceder a una vivienda. La discusión parlamentaria deberá determinar cómo distribuir los recursos disponibles y qué medidas permitirán ampliar la oferta sin prolongar las listas de espera.