Venezuela se ha consolidado bajo el chavismo como el refugio definitivo para los prófugos de la justicia internacional, proporcionando una protección política, administrativa y económica que hoy vuelve a estar en el centro de la polémica. La reciente muerte de Xabier Arruti Imaz, uno de los máximos referentes de la banda terrorista ETA en el país caribeño, es la prueba irrefutable de un entramado que no solo permitió la residencia de asesinos, sino que los integró activamente en la estructura del Estado para servir a los intereses de la dictadura de Maduro.
El deceso de este sanguinario etarra ocurrió en Chichiriviche, estado Falcón, una zona turística que el régimen transformó en un santuario para terroristas. En esa misma localidad se refugió otro criminal de la peor calaña, José Ignacio de Juana Chaos, tras huir de la justicia española en el año 2010. Arruti, lejos de vivir en la clandestinidad, gozó de una vida pública activa y privilegiada: fue delegado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ocupó cargos en empresas públicas como Gas Comunal, filial de la petrolera estatal PDVSA.
Este vínculo con PDVSA es especialmente alarmante hoy, cuando la Audiencia Nacional de España investiga las redes de corrupción que alcanzan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Según las investigaciones del juez José Luis Calama en el marco del caso Plus Ultra, el político español habría ejercido una "influencia determinante" en operaciones de compraventa de crudo, siendo señalado como el "líder" de una "trama organizada de tráfico de influencias".
