Una gran polémica por el financiamiento extranjero a comunidades indígenas en el sur de Chile escaló con fuerza en el Congreso luego de que un reportaje revelara el traspaso de más de 500 de dólares millones desde Noruega hacia organizaciones lafkenche, a través de la ONG ''Norwegian People’s Aid''. El eje de la controversia estuvo en el uso de estos recursos, que habrían servido para impulsar solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), figura contemplada en la ''Ley Lafkenche'' (Ley 20.249).
El foco del debate se centró en las consecuencias prácticas de este mecanismo. Mientras una solicitud de ECMPO permanecía en trámite, se suspendían otras concesiones en la zona, incluidas aquellas vinculadas a la industria salmonera. Este efecto generó una inmensa preocupación en un sector considerado estratégico para la economía chilena, especialmente dado que el país compite directamente con Noruega como uno de los principales productores de salmón a nivel global.
En ese contexto, surgieron cuestionamientos sobre el impacto indirecto del financiamiento extranjero. Diversos actores plantearon que, aunque los recursos se canalizaron a través de una organización no gubernamental, su utilización ha contribuido a ralentizar el desarrollo de proyectos productivos locales, lo que potencialmente favorecía a un competidor internacional. Estas críticas no solo apuntaron al origen de los fondos, sino también a la falta de mecanismos de control más estrictos sobre aportes internacionales en áreas sensibles.
