El país busca monetizar placas incautadas y formalizar la minería con supervisión estatal.
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En una decisión inédita en la región, Paraguay avanza en la implementación de un esquema de minería estatal de Bitcoin a partir de equipos incautados en operativos contra granjas ilegales. La iniciativa, encabezada por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), apunta a reconvertir un problema estructural del robo de energía en una fuente de ingresos para el Estado.
El plan se articula mediante un memorando de entendimiento firmado con la empresa de infraestructura tecnológica Morphware, que aportará conocimiento técnico y capacitación. El objetivo es poner en funcionamiento unas 30.000 máquinas que permanecían inactivas en depósitos oficiales tras haber sido decomisadas por operar fuera de la ley.
La empresa privada Morphware sería la elegida para encarar el proyecto bajo supervisión estatal.
La estrategia se apoya en una ventaja competitiva clave: el acceso a energía hidroeléctrica de bajo costo proveniente de la represa de Itaipú. Durante décadas, Paraguay exportó gran parte de ese excedente energético a precios reducidos. Ahora, el gobierno busca redirigir esa capacidad hacia la minería de activos digitales para capturar mayor valor dentro de su propia economía.
El programa contempla una fase inicial con la instalación de 1.500 equipos en instalaciones controladas por la ANDE, ubicadas cerca de subestaciones eléctricas. Estas infraestructuras serán acondicionadas con sistemas de ventilación, transformadores y dispositivos de medición de alta precisión, bajo supervisión estatal permanente.
Desde Morphware, su CEO Kenso Trabing definió el acuerdo como una oportunidad transformadora. El enfoque, según explicó, permite formalizar una actividad que históricamente operaba en la clandestinidad, generando pérdidas para el sistema eléctrico, y convertirla en un flujo de ingresos regulado y transparente.
La represa de Itapú, proyecto desarrollado conjunto entre Paraguay y Brasil.
El proyecto también abre interrogantes sobre el destino de los activos generados. Dentro del gobierno paraguayo se analizan dos alternativas: vender los bitcoins obtenidos para financiar gasto público o acumular parte de ellos como reserva estratégica, diversificando los activos del país frente a posibles escenarios de volatilidad global.
Más allá de su implementación concreta, la iniciativa posiciona a Paraguay como un actor emergente en el mapa de adopción estatal de criptomonedas. En un contexto donde muchos países aún debaten marcos regulatorios, el país opta por una estrategia pragmática: aprovechar los recursos existentes para generar valor.
