La decisión del régimen venezolano de dar por finalizada la aplicación de la Ley de Amnistía desató una fuerte polémica, con críticas que señalan que la medida es arbitraria e incluso inconstitucional, en un contexto de creciente preocupación por la situación de los derechos y las garantías judiciales en el país.
La ley, aprobada en febrero de 2026, había sido presentada como un mecanismo para liberar a personas detenidas por motivos políticos y avanzar hacia una etapa de distensión. Sin embargo, apenas dos meses después, las autoridades anunciaron el cierre de su aplicación, argumentando que el proceso ya cumplió su objetivo.
