A más de una semana del proceso electoral en Perú, el recuento de votos no ha finalizado y los peruanos salen a las calles a exigir una respuesta de las autoridades.
A más de una semana de realizadas las elecciones generales en Perú, el proceso de escrutinio aún no ha concluido, generando cuestionamientos sobre la eficiencia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y aumentando la incertidumbre política en el país. La demora mantiene sin definición al segundo candidato que pasará a la segunda vuelta, pese a que los resultados ya superan el 90% de actas contabilizadas.
Hasta el momento, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tiene asegurado su lugar en el balotaje. Sin embargo, la disputa por el segundo puesto sigue abierta entre el comunista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y el derechista Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, separados por una diferencia aproximada de 10 mil votos. La definición dependerá de la resolución de actas observadas, muchas de las cuales contienen pedidos de nulidad o impugnaciones.
Desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), su secretaria general, Yessica Clavijo, estimó que los resultados finales podrían conocerse hacia la quincena de mayo. Según explicó, el retraso responde al tiempo que toma procesar las actas observadas, las cuales llegan en formato físico y deben ser digitalizadas, evaluadas y notificadas antes de ser incorporadas al conteo oficial. Este procedimiento puede demorar en promedio tres días por acta, lo que ha ralentizado significativamente el avance del escrutinio.
Keiko Fujimori ya tiene un lugar garantizado en el ballotage que se celebrará en el mes de junio, según proyecciones
No obstante, uno de los principales puntos de crítica ha sido la demora en la entrega de estas actas por parte de la ONPE. Clavijo indicó que, hasta ahora, el JNE ha recibido alrededor de 15 mil actas observadas, cuando el total podría ser dos o tres veces mayor. Esta situación ha sido señalada como un factor clave en el retraso general del proceso, evidenciando limitaciones logísticas y de coordinación que afectan la transparencia y oportunidad de los resultados.
En paralelo, el presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que existen al menos 85 pedidos de nulidad electoral por presuntas irregularidades en los comicios del 12 de abril. Estos incluyen solicitudes tanto parciales como totales en distintas jurisdicciones. Burneo advirtió que, de ser necesario, se podrían adoptar medidas de mayor alcance para garantizar la limpieza del proceso, una posibilidad que incrementa la tensión en el escenario político.
La incertidumbre también se ha trasladado a las calles. En Lima, simpatizantes de Rafael López Aliaga realizaron una movilización en el distrito de Jesús María, en los alrededores del Campo de Marte, bajo el lema de una ''Marcha por la Democracia''. La concentración masiva reunió a una gran cantidad de personas y se desarrolló con presencia policial y restricciones de tránsito, reflejando el creciente malestar de un sector de la ciudadanía frente al proceso electoral.
Rafael López Aliaga, cuyos simpatizantes se congregaron en la capital de Perú para protestar por elecciones transparentes, lucha por el segundo lugar en el ballotage
Durante la jornada, se expresaron críticas directas a la ONPE y a su jefe, Piero Corvetto, a quien se responsabiliza por las irregularidades en el conteo de votos. Aunque el organismo electoral ha señalado que muchas solicitudes de nulidad no cumplen con los requisitos establecidos ni presentan pruebas suficientes, la percepción de desconfianza continúa extendiéndose.
El escenario actual pone en evidencia problemas estructurales en la gestión electoral. Si bien los mecanismos de revisión y apelación son parte del marco legal, la lentitud en su aplicación y la falta de resultados oportunos han debilitado la credibilidad del proceso. La ONPE enfrenta cuestionamientos no solo por la demora en el conteo, sino también por su capacidad de respuesta ante una situación de alta sensibilidad política.
A medida que se aproxima la fecha estimada para la publicación de los resultados finales, la presión sobre las autoridades electorales aumenta. La legitimidad de la segunda vuelta dependerá en gran medida de que el proceso concluya con transparencia, eficiencia y claridad, en un contexto marcado por la polarización y la exigencia ciudadana de garantías democráticas.
Piero Corvetto, jefe de la ONPE, ha sido el blanco de fuertes críticas por la lentitud del proceso de escrutinio
