El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció que su gobierno avanzará para recuperar el control del Chapare, la región cocalera que durante décadas funcionó como el principal bastión político y sindical de Evo Morales. La declaración se produjo después de que el Ejecutivo lograra superar la ola de bloqueos que paralizó parte del país durante varias semanas y que fue atribuida a sectores alineados con el exmandatario socialista.
La ofensiva política representa un nuevo capítulo en la disputa entre el gobierno de centroderecha y Morales, quien permanece refugiado en esa zona del departamento de Cochabamba para evitar una orden de captura emitida por la Justicia boliviana.
Rodrigo Paz busca reafirmar la autoridad del Estado
Durante un acto por el aniversario de la Policía boliviana, Rodrigo Paz afirmó que el Estado recuperará los territorios donde actualmente no ejerce un control efectivo.
“Vamos a recuperar cada territorio que hoy día no nos pertenece”, declaró el mandatario.
El presidente remarcó además que “aquí no hay dueños, ni de territorios, ni de sectores”, en una referencia directa al control político y sindical que Evo Morales mantiene en el Chapare desde hace más de tres décadas.
El anuncio llega después de que el gobierno lograra desactivar la mayor crisis política desde la llegada de Paz al poder en noviembre de 2025. Durante siete semanas, organizaciones indígenas, sindicatos y productores de coca realizaron cortes de rutas y manifestaciones exigiendo la renuncia presidencial en medio de una severa crisis económica.
El Chapare, el último refugio político de Evo Morales
El Chapare es mucho más que una región productora de coca. Se trata del territorio donde Evo Morales construyó su carrera política como dirigente sindical y desde donde consolidó la estructura que lo llevó a la presidencia de Bolivia.
Desde finales de 2024, el exmandatario permanece en la zona protegido por organizaciones cocaleras que rechazan la orden judicial emitida en su contra por una causa vinculada a presunta trata de menores.
Las autoridades bolivianas sostienen que la permanencia de Morales en el Chapare constituye un desafío abierto al Estado de derecho, ya que las fuerzas de seguridad no han podido ejecutar la orden de captura debido a la resistencia organizada de sus seguidores.
