El Salvador mantiene su lucha frontal contra el crimen organizado, y su sistema judicial ha comenzado a aplicar con mayor rigor las penas judiciales a toda persona encontrada culpable de delitos graves como asesinato, violación y terrorismo. 62 criminales fueron hallados culpables de integrar la pandilla MS-13 en la localidad de San Vicente, consolidando un nuevo golpe contra una de las organizaciones más peligrosas de la región.
El cabecilla del grupo, José Alberto Mazariego, fue condenado por homicidio, agrupaciones ilícitas y extorsión, recibiendo una pena máxima de 130 años de prisión. Las autoridades lo identificaron como uno de los principales “corredores de clica”, es decir, un actor clave dentro de la estructura operativa de la organización. Por su parte, los demás terroristas recibieron condenas de hasta 70 años, reflejando la magnitud de los delitos cometidos.
Miembros del MS-13 siendo transladados en una carcel de maxima seguridad
La MS-13, o Mara Salvatrucha, es una de las pandillas más infames del continente americano, con presencia en países como El Salvador, México y Estados Unidos. Su historial delictivo incluye asesinatos, tráfico de narcóticos y armas, actividades que durante años se consolidaron como prácticas habituales dentro de su accionar. Esta organización ha mantenido un enfrentamiento constante con el Estado salvadoreño por más de dos décadas.
En los últimos años, el gobierno de Nayib Bukele ha declarado a estas pandillas como agrupaciones terroristas, impulsando la creación de prisiones de máxima seguridad y promoviendo reformas judiciales que facilitan los arrestos masivos. Estas medidas han permitido al Estado obtener importantes victorias frente al crimen organizado.
La reciente condena no es un hecho aislado. En febrero de este año, 57 miembros de la MS-13 fueron sentenciados por delitos como agrupaciones ilícitas, terrorismo y posesión de drogas. Días después, otros 60 integrantes recibieron condenas por tráfico de personas y homicidio agravado.
Oficiales de la policia de El Salvador
Asimismo, en diciembre de 2025, 250 pandilleros fueron declarados culpables de femicidio, extorsión, conspiración y tráfico ilícito, acumulando penas que superan los 1.300 años de prisión.
Estos resultados se explican en gran medida por la implementación del régimen de excepción en 2022, que permitió la detención de más de 95.000 personas vinculadas a pandillas, muchas de las cuales ya cuentan con condenas firmes. Este tipo de políticas refuerza la capacidad del Estado para desarticular estructuras criminales y restablecer el orden, mediante una estrategia que combina firmeza judicial y control territorial sostenido.
