El partido derechista de Abascal llevará los traslados a los tribunales y exige que cada caso sea analizado individualmente antes de distribuir a los menores por otras regiones de España.
España se encuentra bajo un asedio fronterizo sin precedentes, agravado por la inacción y la sumisión de un gobierno socialista capitaneado por el corrupto Pedro Sánchez. Mientras las fronteras soberanas de la Nación son vulneradas sistemáticamente, el partido derechista VOX, bajo el liderazgo de Santiago Abascal, ha alzado la voz de alarma nacional al rechazar de forma categórica el traslado de menores extranjeros no acompañados desde Ceuta hacia distintas regiones del territorio nacional.
La formación exige con firmeza su inmediata devolución al Reino de Marruecos. Para frenar esta insensatez, VOX ha advertido formalmente que llevará a los tribunales los traslados promovidos por el Ejecutivo y ha reclamado que cada caso sea analizado de forma individual antes de cualquier reparto.
MENAS en Ceuta
Para articular esta contraofensiva jurídica y política, el Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), representado por sus diputados María José Rodríguez de Millán Parro, Ignacio Gil Lázaro, Francisco José Alcaraz Martos, Ignacio Hoces Íñiguez y David García Gomis, ha registrado una contundente Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados para su discusión urgente en la Comisión de Interior.
La iniciativa detalla el dramático y gravísimo asalto fronterizo sufrido durante el mes de julio de 2026, especialmente en su última semana.
Según denuncian los parlamentarios patriotas, llegaron a la ciudad autónoma "en torno a 80.000 inmigrantes ilegales" (otras estimaciones sitúan la entrada en más de 70.000 personas desde el pasado 30 de julio), una cifra que se mantiene bajo sospecha por la alarmante "falta de transparencia del Gobierno" socialista.
Si se considera que Ceuta tiene apenas 84.000 habitantes, esta avalancha humana prácticamente "duplica su población y constituye, por su propia magnitud, un ataque directo a la soberanía territorial y a la capacidad de acogida de España".
Frente a lo que VOX califica abiertamente como un "flagrante acto de guerra híbrida mediante la instrumentalización de inmigrantes ilegales por parte de Marruecos", el Gobierno de Pedro Sánchez, lejos de defender la integridad nacional, ha optado por claudicar y distribuir a los presuntos menores por las comunidades autónomas. Esta maniobra ignora de forma deliberada el marco legal internacional vigente.
Como detalla el partido de Santiago Abascal, el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos firmado en Rabat el 6 de marzo de 2007 obliga a ambas naciones a cooperar para garantizar "el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen".
MENAS en Ceuta
Por tanto, "la tutela indefinida de estos menores por parte de las autoridades españolas y su ingreso en Centros de Acogimiento Residencial de Menores no se ajusta a lo previsto en el acuerdo". La formación insiste en que el verdadero interés superior de estos menores consiste, por ley y sentido común, en "regresar a su hogar".
VOX advierte que la sumisión del Gobierno socialista de repartir migrantes de forma indiscriminada solo alimenta el nocivo "efecto llamada, beneficia a las mafias del tráfico de personas y prepara el terreno para la siguiente invasión que decida promover Marruecos". Por ello, exigen al Ejecutivo la adopción inmediata de las siguientes medidas inapelables:
Cumplir de inmediato el acuerdo bilateral de 6 de marzo de 2007 para facilitar el "retorno de todos los Menores Extranjeros No Acompañados a sus países de origen, así como la reunificación familiar en sus lugares de origen".
La "paralización de forma inmediata" de cualquier tipo de reparto de menores extranjeros no acompañados por el territorio nacional. Bajo ningún concepto se procederá al traslado de menor alguno que se encuentre en Ceuta mientras no concluyan de forma rigurosa las "pruebas de determinación de la edad" —ya que se sospecha del reparto de adultos como presuntos menores— y los correspondientes "expedientes individualizados de devolución, resueltos mediante resolución firme".
