La Unión Europea de Radiodifusión (EBU) confirmó que Israel participará en Eurovisión 2026, tras una reunión en la que no se convocó ninguna votación para excluir al país.
El mensaje fue nítido: el certamen musical no debe convertirse en rehén de agendas políticas ni en un instrumento de presión ideológica disfrazada de valores.
La decisión vino respaldada por una mayoría abrumadora de miembros, que aprobaron nuevas reglas destinadas a impedir la injerencia gubernamental o de terceros en la promoción de las canciones.
Estas reformas nacen a raíz de acusaciones —sin verificación independiente— de que Israel habría promocionado en exceso a su representante en 2025. Pese al ruido, la EBU mantuvo su posición: todos los países tienen derecho a competir bajo un marco que garantice neutralidad e imparcialidad.
Sin embargo, para algunos Estados europeos, la resolución de la EBU fue una excusa para profundizar su campaña de presión política contra Israel.
La emisora pública neerlandesa AVROTROS abrió la tanda de renuncias, alegando que las acciones israelíes en Gaza “cruzaron una línea”.
España se sumó inmediatamente. José Pablo López, presidente de RTVE, afirmó que “el conflicto nunca debió llegar a la asamblea” y que la EBU ha quedado “moldeada por intereses políticos y comerciales”.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respaldó públicamente la retirada con un argumento que generó polémica al equiparar el caso israelí con el de Rusia:
“Si nadie se escandalizó cuando Rusia inició su invasión y fue expulsada de las competiciones internacionales y de Eurovisión, entonces lo mismo debería aplicarse a Israel.”
La comparación fue duramente criticada dentro y fuera de España por ignorar que fue Rusia la que lanzó una guerra de agresión a gran escala contra un país soberano, mientras que en el caso de Israel el conflicto fue desencadenado por la masacre de Hamas del 7 de octubre de 2023, en la que 1.200 israelíes fueron asesinados y 251 secuestrados.
Irlanda se sumó al boicot y anunció que no solo no competirá, sino que tampoco emitirá el certamen.
Eslovenia también se retiró con un discurso especialmente hostil: la presidenta del ente RTV afirmó que “la vergüenza es de quienes siguen participando” y que “todos somos rehenes de los intereses políticos del gobierno israelí”. Declaraciones que, para muchos observadores, reflejan más una animadversión política hacia Israel que un análisis equilibrado del papel de Eurovisión.
En contraste, otras voces europeas denunciaron con firmeza la deriva politizada de estos países.
El líder neerlandés Geert Wilders calificó la decisión de su propio país como “antisemitismo y odio a Israel en estado puro”.
Alemania advirtió que un Eurovisión sin Israel sería inaceptable, y Austria remarcó que el festival debe seguir siendo un espacio cultural, no un foro de sanciones disfrazadas.
Israel respondió con serenidad pero sin ocultar su decepción ante los boicots.
El presidente Isaac Herzog celebró la decisión de la EBU y expresó su esperanza de que Eurovisión mantenga su espíritu de “cultura, amistad entre naciones y entendimiento transfronterizo”.
El ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, fue más contundente: “Me avergüenzan los países que boicotean una competencia musical por la participación de Israel. La vergüenza es de ellos.”
La EBU, por su parte, defendió que las nuevas reglas buscan reforzar la confianza en el certamen y proteger su neutralidad. En un contexto cargado de presiones políticas, insistió en que la independencia de los medios públicos europeos, especialmente en tiempos de conflicto, debe ser salvaguardada.
Mientras algunos gobiernos intentan transformar Eurovisión en un tribunal político, la postura de la EBU —respaldada por una fuerte mayoría— marca un punto de inflexión: la música, al menos por ahora, se resiste a ser utilizada como arma. Israel estará en el escenario en 2026.
Para los países que prefirieron retirarse, la pregunta queda abierta: ¿defensa de valores o simple oportunismo político? El tiempo dará el veredicto.
