Este jueves 15 de octubre, la Cámara de Diputados tiene convocada una sesión para tratar el rechazo del DNU 70/2023 de Javier Milei. El Senado ya lo rechazó en 2024. Si Diputados también lo hace, el decreto perderá vigencia, aunque subsistirán los derechos adquiridos durante su aplicación. La discusión involucra alquileres, comercio, precios, contratos y numerosas regulaciones económicas.
Este fue el tema sobre el que volví a “conversar” con Murray Rothbard. Porque detrás de cada regulación aparece una pregunta que rara vez ocupa el centro del debate: ¿por qué dos personas que desean realizar un intercambio voluntario necesitan que un tercero les diga bajo qué condiciones pueden hacerlo?
—Profesor Rothbard, ¿por qué considera problemático que el Estado regule las actividades económicas?
—Porque debemos distinguir entre cooperación voluntaria y coerción. En “Man, Economy, and State with Power and Market” expliqué que las relaciones económicas pueden basarse en intercambios libres o en imposiciones. Cuando el gobierno prohíbe un acuerdo pacífico, sustituye las decisiones de sus participantes por una orden política.
—Pero las regulaciones suelen establecerse para proteger a los ciudadanos.
—La intención declarada no determina las consecuencias. Una regulación puede presentarse como protección y, sin embargo, impedir acuerdos que ambas partes consideran beneficiosos. La pregunta relevante es quién decide y quién soporta las consecuencias.










