Cada 24 de marzo, la Argentina dice recordar. Pero hace tiempo que dejó de hacerlo. Lo que se conmemora ya no es un hecho histórico: es un relato que cuidadosamente se construyó, promovió y sostuvo desde el poder. El kirchnerismo convirtió la interpretación del pasado en un instrumento político.
Recordar dejó de ser un acto libre para convertirse en un gesto de adhesión. Se instaló la idea de que había una única lectura válida, una única narrativa legítima, un único marco moral permitido. Salirse de ese esquema no era debatir: era desviarse. Y desviarse tenía costo. No siempre explícito, pero sí real. Porque el control no operó sólo por imposición directa, sino también a través de incentivos, señales y castigos simbólicos que fueron alineando conductas.
Así, lo que debía ser un proceso abierto de interpretación terminó transformado en un sistema de validación política. No se trataba de comprender, sino de repetir. No se trataba de pensar, sino de demostrar pertenencia.
Esto no implica negar lo ocurrido ni relativizar la gravedad de los hechos. Implica reconocer que el Estado no se limitó a recordar, sino que avanzó sobre el terreno más delicado de todos, el de definir cómo debía pensarse ese pasado. Y ahí aparece el problema de fondo.
Nadie puede centralizar algo que, por naturaleza, está disperso. El pasado no existe como un bloque único listo para ser interpretado desde arriba. Existe en las miradas, en las preguntas, en las dudas y en las interpretaciones de millones de personas. Cuando el poder intenta fijar una versión oficial, no solo cierra el debate: empobrece el conocimiento. Reduce lo complejo a lo conveniente. Reemplaza la búsqueda por la consigna.
