Hay momentos en que un cambio político deja de medirse por discursos y empieza a medirse por aquello que sus adversarios ya no consiguen impedir. Durante años, una parte de la política argentina aprendió que perder una discusión institucional no significaba necesariamente perder la disputa. Siempre quedaba la calle, la presión corporativa, el corte, el miedo o la amenaza de convertir cada reforma en un conflicto imposible de gobernar. El verdadero cambio comienza cuando esos mecanismos dejan de alterar el rumbo.
Eso fue lo que ocurrió ayer.
La oposición convocó una sesión especial para intentar derogar el DNU 70/2023, una de las piezas centrales de la desregulación impulsada por Javier Milei. Necesitaba 129 diputados para abrir el recinto. Consiguió 121. El oficialismo, sus aliados y legisladores vinculados a distintos gobernadores lograron impedir el quórum y el decreto siguió vigente.
El dato político es más importante que la aritmética.
Milei llegó al poder con una minoría parlamentaria extraordinariamente débil para los estándares argentinos. Sin embargo, el Gobierno fue construyendo acuerdos con gobernadores, sectores del PRO, radicales y bancadas provinciales capaces de formar mayorías distintas según cada discusión. No es una mayoría automática ni permanente, pero el episodio del DNU mostró que el oficialismo ya posee capacidad para articular una mayoría negativa suficientemente amplia como para impedir que la oposición desmonte algunas de sus reformas centrales.
Eso cambia el escenario. Porque la oposición no perdió simplemente una votación. Ni siquiera consiguió iniciarla.
