La suba de la mora aparece como una consecuencia del regreso del crédito, la caída de la inflación y el fuerte aumento de las tasas producto de los políticos golpistas en 2025.
La omnipresente lamentación por el endeudamiento nos habla en realidad de la historia de algo positivo contado de manera negativa: refiere, concretamente, a la tan deseada vuelta del acceso al crédito para las empresas y las familias. Recordemos que hasta diciembre de 2023 el crédito significaba una cuarta parte de lo que representa hoy en relación al PBI.
El crecimiento del crédito fue un resultado muy positivo de la política económica implementada partir de ese momento. Es incorrecto llamarlo endeudamiento, porque en verdad se trata de crédito al sector privado.
Y su nivel es muchísimo más bajo, no sólo que en los países desarrollados —frente a los cuales nuestro volumen es minúsculo— sino también respecto a países de la región. De manera tal que lo que se ha tratado de mostrar como algo malo, en realidad fue algo positivo.
El problema reside en que exista un nivel importante de mora
El problema reside en que exista un nivel importante de mora en el servicio de esos créditos. Y esa mora obedece a distintos factores.
En primer lugar, en Argentina todos los agentes económicos han estado acostumbrados a que la inflación licuara buena parte de los pagos futuros a los cuales se comprometían. Esta vez eso no ocurrió en la Argentina.
La inflación —en vez de aumentar o de permanecer en el mismo nivel— cayó. Con lo cual, no se cumplieron esas expectativas.
Adicionalmente, tanto los particulares como las empresas —particularmente, las familias— recurrieron a distintas formas de fondeo, distintos canales de crédito.
Licuación de los créditos.
La política central del Gobierno, qué es la solvencia fiscal
A ello se añade que a partir de marzo de 2025 —cuando se insistía en que el FMI no iba a aprobar la revisión del programa económico y que no iba a haber dinero fresco— hubo un ataque incesante contra el gobierno, sostenido en los medios y en los foros políticos.
Ese ataque se volvió feroz al comienzo del segundo semestre, cuando se inició un verdadero azote de proyectos de ley disparatados, dirigidos a quebrar la política central del Gobierno, que es la solvencia fiscal. Esos proyectos disparatados se convirtieron en ley, e incluso llegaron a voltear un veto presidencial, algo sin precedentes. A eso se sumaron seis o siete pedidos de juicio político contra el presidente.
En ese clima desestabilizante, la demanda de dinero comenzó a ceder, a deteriorarse, volcándose una masa de fondos sin precedentes históricos a un acelerado proceso de dolarización de carteras.
El gobierno, para asegurar la estabilidad de la economía, se vio obligado a una más estricta disciplina fiscal y monetaria, y las tasas de interés se dispararon. Inevitablemente, todo este cuadro terminó afectando la actividad económica, que había venido creciendo a notable ritmo.
El incremento de la mora fue, principalmente, un subproducto de la gigantesca ofensiva desestabilizadora de la oposición, previa a las elecciones de medio término.
Las razones detrás del incremento de la mora
A ello se añadieron el sobreendeudamiento a través de diferentes canales de crédito, la pérdida de expertise de los bancos en análisis crediticio —resultado de prestarles casi de manera exclusiva al Estado durante quince años— y la errada presuposición de muchos tomadores de crédito, que creyeron que la inflación licuaría el peso de sus compromisos como había sucedido en el último cuarto de siglo.
En promedio, quien sacó un crédito en marzo de 2022 tenía un costo financiero total (CFT) de 85 %. Con la inflación desbocada, terminó pagando un costo financiero real de -15 %.
Esto significa que devolvió menos capital en términos reales del que había recibido. En marzo de 2023 el CFT real era de apenas 1,5 %.
Pero quien sacó o renovó su crédito en marzo de 2024 enfrentó un CFT real de 206 %.
Hoy la respuesta no puede ser ningún plan Platita
Hoy la respuesta no puede ser ningún plan Platita,porque eso sería robarles a quienes no tienen responsabilidad alguna en lo que está ocurriendo para dárselo a otros que —en todo caso— son los que libremente decidieron tomar esas obligaciones.
Además, toda iniciativa de este tipo es auxiliar a los bancos, que son entidades profesionales que deberían saber a quién prestar, cómo hacerlo y qué costo se le puede cargar a sus clientes, siendo responsables directos del riesgo que asumieron.
Una solución lógica y plausible
Una solución lógica y plausible es atacar algunos de los factores por los cuales las tasas son tan elevadas. El principal componente es el impuesto a los Ingresos Brutos; está en manos de los gobernadores eliminarlo o —como mínimo— suspenderlo transitoriamente.
Es un impuesto realmente descabellado desde todo punto de vista, sumamente distorsivo y también abusivo desde el punto de vista del costo que representa. Aliviarían mucho el costo financiero si lo suspendieran, al menos temporalmente.
Otro componente es el impuesto a los Sellos, que también está en manos de las provincias. Los impuestos nacionales, en cambio, tienen un impacto secundario; lo más gravoso —por lejos— es el impuesto a los Ingresos Brutos.
