Un periodista de A24 fue señalado como presunto autor de contenidos financiados desde Rusia para operar políticamente contra la administración de Javier Milei.
En el marco de la investigación internacional que expuso una red organizada de desinformación impulsada desde Rusia para influir en la política argentina, el foco comienza a desplazarse desde las estructuras abstractas hacia responsabilidades individuales concretas. Lo que inicialmente se presentaba como un esquema difuso de publicaciones pagas, hoy empieza a delinear actores identificables dentro del ecosistema mediático local. En este contexto, el medio A24 inició un sumario interno contra el periodista Pablo Winokur, a quien se señala como el presunto responsable de haber escrito y publicado fake news financiadas por Rusia para operar contra el Gobierno de Javier Milei. La decisión incluye, además, la determinación de ponerse a disposición de la Justicia en caso de que sea necesario avanzar judicialmente, lo que marca la gravedad institucional del caso.
La información fue revelada por el periodista Pablo Rossi, quien confirmó que dentro del propio canal lograron identificar a Winokur como el autor de las notas cuestionadas. A partir de allí, el Grupo América puso en marcha una investigación interna para determinar responsabilidades en torno a la publicación de estos contenidos. El punto de partida fue un correo electrónico enviado el 10 de marzo al canal A24 por parte del consorcio de periodistas “Open Democracy”, bajo el asunto “Consulta de periodista Diana Cariboni”. En ese mail se señalaba la existencia de diez artículos sospechados de formar parte del esquema de desinformación financiado desde Rusia.
Pablo Winokur
A partir de esa alerta, la investigación interna del grupo permitió establecer que todas las notas mencionadas correspondían al periodista redactor Pablo Winokur, quien se desempeñaba dentro de A24. Según trascendió, el periodista ya había sido desplazado en diciembre y reubicado en otra área, en una decisión que ahora cobra nueva relevancia a la luz de los hechos. Tras quedar en el centro del escándalo, Winokur decidió poner en privado sus cuentas de Instagram y X, luego de ser señalado por el propio medio como el presunto autor de las fake news financiadas por Rusia destinadas a operar contra el Gobierno.
El caso se inscribe dentro de una trama más amplia que, según documentos filtrados e investigaciones internacionales, revela que desde 2024 una estructura vinculada al gobierno ruso desplegó una campaña sistemática de desinformación en Argentina, con el objetivo de desacreditar al oficialismo, influir en la opinión pública y amplificar la polarización política. El informe detalla la publicación de al menos 250 artículos pagos en más de 20 medios digitales, con contenidos críticos del plan económico y la política exterior del Gobierno, incluyendo mensajes favorables a Rusia y contrarios a Estados Unidos. Entre los medios señalados figuran C5N, Ámbito, Diario Con Vos, El Destape, Big Bang News, Diario Registrado, A24, Realpolitik, Política Argentina, Tiempo Argentino, Grito del Sur, El Cronista, Infocielo y Data Clave, entre otros.
Uno de los mecanismos más sofisticados detectados fue la utilización de periodistas falsos creados con inteligencia artificial, diseñados para otorgar apariencia de legitimidad a los contenidos. Casos como el de Manuel Godsin, cuya identidad fue completamente desmentida, o los perfiles ficticios de Gabriel Di Taranto, Juan Carlos López y Marcelo Lopreiatto, evidencian el nivel de planificación de la maniobra.
El mail que recibió A24 con las notas de Winokur
En paralelo, también se detectaron circuitos de financiamiento directo para insertar contenidos en medios. Por ejemplo, en el sitio Diario Registrado se identificaron 26 artículos por un total de 28.600 dólares, mientras que en C5N se contabilizaron 17 publicaciones por 32.500 dólares, lo que confirma la existencia de recursos económicos significativos destinados a estas operaciones.
Incluso en Infobae se registró un caso puntual: el gremialista Juan Pablo Piscetta habría publicado dos artículos financiados por esta red, por los cuales habría recibido cerca de 1000 dólares, generando un fuerte conflicto interno dentro de la redacción.
En este contexto, las declaraciones del presidente Javier Milei cobran especial relevancia. El mandatario calificó el caso como “de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia”, y advirtió que muchos de los actores involucrados podrían ser apenas “la punta del iceberg” de una estructura mucho más extensa.
Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, la propia Secretaría de Inteligencia argentina ya había detectado estas maniobras y las puso en conocimiento de la Justicia. Además, el Gobierno avanzó a comienzos de 2026 con la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional mediante un DNU, en el marco de una estrategia para fortalecer las capacidades del Estado frente a nuevas amenazas híbridas.
El avance del caso sobre figuras concretas dentro de los medios marca un punto de inflexión. Ya no se trata solo de una denuncia estructural, sino de un proceso que empieza a individualizar responsabilidades y a exponer el funcionamiento interno de una red que combinó financiamiento extranjero, manipulación informativa y operadores locales.
