La Asociación del Fútbol Argentino publicó un comunicado en el que rechazó las versiones sobre la citación judicial en EEUU y aseguró que tampoco existieron allanamientos ni el secuestro de teléfonos celulares o computadora
Según la versión oficial de la entidad, la citación fue emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y se encuentra dirigida a un “tercero”, a quien se le requiere comparecer ante un Gran Jurado.
No obstante, el propio comunicado admite un dato inquietante: a ese tercero se le solicita la “eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación”.
Sin embargo, la veracidad de este descargo choca de frente con información proveniente de Estados Unidos que confirma que el FBI demoró a Chiqui Tapia en Nueva York y le incautó sus celulares antes del regreso de la Selección. El hecho habría ocurrido en el aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK), minutos antes de abordar el vuelo charter AR 1971 operado por Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires.
Según estos reportes, las autoridades estadounidenses no solo demoraron a Tapia, sino que le solicitaron la “entrega de sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos”, medida que se extendió a computadoras y teléfonos de otros integrantes de la comitiva. El operativo fue de tal magnitud que generó demoras en la salida del avión, reprogramando el despegue de las 6:00 a las 8:15.
La investigación de la Justicia de Estados Unidos pondría el foco en posibles maniobras de lavado de activos y fraude bancario vinculadas al movimiento de 300 millones de dólares mediante el sistema financiero estadounidense. En el centro de la escena aparece la firma Tourprodenter, administrada por Javier Faroni, que actúa como agente comercial de la AFA para acuerdos de patrocinio y derechos de televisión. Los documentos judiciales indicarían que Tapia deberá presentarse a declarar ante la Corte del distrito sur de Florida para aportar información sobre comunicaciones mantenidas con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
Esta actitud defensiva de la AFA ocurre mientras el sentimiento de despojo por la final sigue a flor de piel. Las estadísticas del partido contra España respaldan la teoría de un arbitraje condicionado: España cometió 16 infracciones (o 19 según registros de Carrozza) y finalizó con cero tarjetas amarillas, mientras que Argentina fue castigada con 5 amarillas y la expulsión de Enzo Fernández.
El hecho de que el árbitro fuera Slavko Vinčić, un juez con un oscuro pasado tras ser detenido en 2020 en una redada de “prostitución, drogas y armas”, solo profundiza la desconfianza hacia la casta que maneja el fútbol. Mientras la AFA intenta limpiar su imagen ante el FBI, el pueblo argentino —defendido por un gobierno que prioriza los valores patrios y la soberanía— exige transparencia. No se puede permitir que, mientras el Dibu Martínez realizó una actuación histórica de 11 atajadas para defendernos en la cancha, la dirigencia entregue nuestra gloria en los escritorios o se vea envuelta en escándalos internacionales de lavado de activos.
La Argentina atraviesa un clima de ebullición social y deportiva tras haber sido víctima de una maniobra institucional que le impidió levantar la Copa del Mundo 2026. En una definición marcada por la corrupción de los escritorios, el equipo nacional fue perjudicado por un cerco geopolítico diseñado por Gianni Infantino, quien se encontraba fuertemente cuestionado por las federaciones europeas y amenazado con ser destituido como presidente de la FIFA.
Para asegurar su supervivencia política ante la UEFA, Infantino habría pactado garantizar un “campeón europeo”, entregando el control del partido a una terna completamente eslovena encabezada por Slavko Vinčić, compatriota del presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin.
En medio de este escenario de sospechas sobre la entrega de la Selección, la Asociación del Fútbol Argentino publicó un extenso comunicado oficial para intentar frenar las versiones que vinculan a su cúpula con investigaciones judiciales en el país norteamericano. El documento comienza aclarando que, ante las versiones periodísticas difundidas, es necesario efectuar una aclaración sobre un documento judicial que circula en los medios.
La AFA sostiene taxativamente que dicho documento “no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino”.
A pesar de este vínculo reconocido, la entidad afirma que es “absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar” por la Justicia estadounidense. Del mismo modo, el comunicado califica como una falsedad la información que indicaba que les habían sido “incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico”.
La AFA recalca que el documento judicial en cuestión “no dispone ninguna medida personal respecto del Presidente de la AFA ni de su Tesorero”, no ordena su comparecencia ni impone “obligación procesal alguna”, así como tampoco registra diligencias de “secuestro o incautación de bienes de su propiedad”.
