El Departamento Antimafia de la Policía Federal detuvo en las últimas horas a tres empleados de la Dirección Nacional de Migraciones, acusados por la Justicia federal de participar de una maniobra destinada a falsificar registros migratorios para beneficiar a colombianos que buscaban radicarse ilegalmente en Argentina.
La causa comenzó a investigarse en junio último, a partir de una denuncia presentada ante el Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora por el Gobierno de Javier Milei, mediante abogados de la propia Dirección Nacional de Migraciones.
Hasta el momento, los investigadores lograron individualizar a 101 inmigrantes colombianos presuntamente involucrados en el mecanismo.
De acuerdo con la acusación, la maniobra estaba vinculada con los plazos de permanencia exigidos para acceder a la residencia legal en el país. Los registros migratorios eran presuntamente adulterados para que los colombianos pudieran acreditar una permanencia que, en realidad, no habían cumplido y así avanzar con sus trámites de radicación.
Uno de los detenidos.
El procedimiento comenzaba cuando los extranjeros ingresaban a la Argentina con sus pasaportes. Una vez en el país, y con el asesoramiento de quienes integraban la organización, iniciaban los trámites correspondientes para obtener la residencia. Los investigadores señalaron que los inmigrantes posteriormente regresaban a Colombia.
El punto central de la presunta maniobra aparecía cuando se acercaba el vencimiento del período permitido por la ausencia del solicitante. Según la investigación, los integrantes de la banda que operaba dentro de Migraciones intervenían los registros para simular nuevos ingresos al territorio argentino.
Para concretar esas falsas entradas, se utilizaban cédulas de identidad y se manipulaban datos biométricos correspondientes a personas que no tenían relación con la maniobra. De esta manera, el sistema registraba un ingreso al país que no había ocurrido. Los investigadores sospechan que estas operaciones se realizaban a cambio de una presunta coima.
Otro de los detenidos.
La acusación sostiene además que los tres empleados detenidos no actuaban solos. Por el expediente ya fueron arrestadas otras cuatro personas, entre ellas dos mujeres oriundas de Paraguay.
En el marco de la investigación se realizaron diez allanamientos en distintos puntos de CABA, Villa Ballester y Moreno. Durante los procedimientos fueron secuestrados 14 celulares, tres vehículos, seis notebooks, dos discos rígidos y cuatro pendrives. También se encontraron más de 5000 dólares y varios certificados de residencia.
La Justicia investiga a los acusados por los delitos de violación de los deberes de funcionario público, cohecho, falsedad ideológica y abuso de autoridad. La investigación continúa para determinar el alcance de la maniobra y la participación de las personas involucradas.
