La Cámara Nacional Electoral anuló una parte clave del DNU 366/2025 firmado por Javier Milei, que transfería a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina. El tribunal entendió que esa modificación no podía hacerse por decreto, ya que la ciudadanía estaría directamente vinculada al ejercicio de derechos políticos.
La decisión representa un revés judicial para una reforma con la que el Gobierno nacional buscaba ordenar un trámite sensible, históricamente en manos de los jueces federales. La administración nacional planteó que Migraciones era el organismo más adecuado para verificar las condiciones de los solicitantes, en línea con una política más estricta y eficaz de control migratorio y de defensa del interés nacional.
El Gobierno de Milei planteó una política migratoria más robusta.
Sin embargo, la Cámara sostuvo que el Ejecutivo avanzó sobre una materia vedada para los decretos de necesidad y urgencia. Según el fallo, modificar quién decide sobre el otorgamiento de la ciudadanía implica alterar el régimen previsto por el Congreso para acceder a derechos políticos en vez de ser una cuestión meramente administrativa, por lo que debía tramitarse mediante una ley ordinaria.
El pronunciamiento se dio en el caso de Liping Yang, un ciudadano chino cuya solicitud de carta de ciudadanía había sido rechazada por el juez federal con competencia electoral de Entre Ríos. Al revisar ese expediente, la Cámara no solo revocó la decisión de primera instancia, sino que también declaró la invalidez constitucional de los cambios introducidos por el DNU en materia de ciudadanía.
Señalaron que el Gobierno "no acreditó" una situación de urgencia excepcional que justificara evitar el trámite parlamentario. Ahora tendrá que ser sometida al proceso legislativo del Congreso de la Nación.
El Gobierno fortalece controles migratorios y avanza en defensa de la seguridad nacional.
El fallo no invalida el diagnóstico político que motivó la reforma, ni la emergencia real del sistema migratorio. La discusión de fondo sigue siendo si la Argentina debe mantener un sistema laxo y fragmentado para otorgar ciudadanía o si debe avanzar hacia controles más rigurosos, especialmente cuando ese reconocimiento habilita el acceso a derechos políticos y sociales que pesan sobre todos los argentinos.
Con esta decisión, la competencia para otorgar ciudadanía continuará en manos de los jueces federales bajo el régimen de la ley 346. Para el Gobierno de Milei, el camino institucional quedará ahora en el Congreso, donde deberá buscar respaldo legislativo si pretende avanzar con una reforma permanente.
