La Cámara rechazó la cautelar contra 81 artículos y la Ley de Modernización Laboral continúa plenamente vigente.
De esta manera, la reforma laboral del Gobierno continuará aplicándose mientras la Justicia analiza el planteo de inconstitucionalidad presentado por la CGT. La central obrera deberá ahora esperar una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.
La Confederación General del Trabajo (CGT) sufrió un nuevo revés judicial en su ofensiva contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación presentada por la central sindical y mantuvo plenamente vigente la Ley de Modernización Laboral 27.802.
La conducción sindical pretendía suspender de manera cautelar 81 artículos de la normativa, pero los camaristas Rogelio Vicenti y Jorge Morán desestimaron el planteo y ratificaron la decisión adoptada en mayo por la jueza Macarena Marra Giménez.
La Sala IV respaldó ahora ese criterio. Según señalaron los magistrados, la CGT "no pretende conservar el estado de cosas", sino que "pide un anticipo" de la sentencia definitiva. Además, determinaron que el sindicalismo no logró acreditar un perjuicio de suficiente magnitud que justificara alterar el desarrollo normal del proceso judicial.
Otro de los argumentos centrales del fallo estuvo relacionado con la supuesta urgencia invocada por la central sindical. La Cámara sostuvo que la proximidad de una sentencia definitiva reduce el denominado "peligro en la demora" y, por lo tanto, no existen fundamentos suficientes para congelar la aplicación de la ley.
Con el nuevo rechazo judicial, la CGT vuelve a fracasar en su intento de paralizar una de las principales reformas del Gobierno de Milei. La jueza Marra Giménez deberá resolver ahora si la Ley de Modernización Laboral es constitucional, mientras la normativa continúa vigente.
El conflicto judicial comenzó en marzo, cuando el juez kirchnerista Raúl Ojeda suspendió cautelarmente una parte central de la reforma, incluyendo disposiciones vinculadas con antigüedad, tercerización, despidos, vacaciones, período de prueba y banco de horas extra.
Sin embargo, el Gobierno nacional apeló la decisión y logró que la Cámara del Trabajo revirtiera la suspensión. Posteriormente, la causa pasó al fuero Contencioso Administrativo, donde Marra Giménez rechazó la cautelar al considerar que el planteo de la CGT era demasiado amplio y complejo para ser resuelto mediante una medida provisoria.
