El Congreso aprobó el proyecto de Milei para reformar la Ley de Glaciares

Desde el oficialismo sostienen que la reforma no elimina protección ambiental sino que la precisa, al tiempo que devuelve a las provincias el dominio efectivo sobre sus recursos, tal como establece la Constitución. La meta, según explicaron, es “armonizar la normativa con la Constitución y la Corte Suprema” y terminar con una ambigüedad jurídica que, durante años, derivó en judicialización, incertidumbre y paralización de inversiones.

El miembro informante por La Libertad Avanza, Agustín Coto (Tierra del Fuego), afirmó: “Se preservan las reservas hídricas permanentes” y aclaró que el texto no apunta a “retirar” áreas consideradas como glaciares, “sino también a incorporar” al inventario del IANIGLA. “Todo sigue protegido”, aseguró.

Olivera Lucero agregó que el IANIGLA “no realiza estudios de campo, sino que se basa en imágenes satelitales” y que “se paraliza el desarrollo por presunciones”. Incluso señaló que la Argentina es “el único país en el mundo que convirtió el ambiente periglacial en una categoría jurídica” y preguntó: “¿El resto de los países no protegen el medio ambiente?”.

Con mayor vuelo técnico, la exsecretaria de Energía Flavia Royón sostuvo que “no es prohibir por prohibir, sino proteger lo que hay que proteger y para eso se precisan los estudios de campo, con involucramiento en territorio, que es lo que hacen las provincias”. Aclaró que el proyecto “no habla de ninguna flexibilización” y enfatizó que “el cuidado ambiental y del agua está por sobre todos los intereses”.

Royón aportó además un dato que marcó el debate: “En San Juan, 94% del agua se destina al agro, un 4% al consumo humano y un 1,2% a toda la industria, no la minera. El gran consumidor del agua es el agro”. Con ese ejemplo buscó desactivar uno de los principales cuestionamientos ambientales.

Desde Catamarca, Guillermo Andrada sostuvo: “La minería tiene mala prensa. Queremos una ley que proteja a los glaciares, pero que no sea una etiqueta estática como hasta ahora. Estamos buscando una norma que sea más precisa y más federal”. En términos similares se expresó el radical Flavio Fama, quien consideró que la ley vigente se transformó en una norma rígida, con zonas grises y tensiones federales que generaron “incertidumbre” y como consecuencia “la paralización de las inversiones”.

En el cierre, Bullrich sintetizó la visión del oficialismo: “Acá parece que la Argentina tiene la obligación casi de seguir siendo un país pobre, por eso estamos cambiando la historia. No queremos más discutir esta lógica ridícula, retrógrada, entre ambiente y economía”. Y concluyó con una frase que marcó el tono político de la jornada: “No es agua o trabajo”.

En la misma línea, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero defendió el espíritu federal de la reforma: “La Constitución nacional es clara y la Nación debe establecer presupuestos mínimos. Es un piso y no una regulación que abarca todo y que termina anulando el federalismo. Ahora se da a las provincias el dominio originario de sus recursos, que es lo que pidió la Corte Suprema”. También cuestionó la dicotomía planteada por la oposición: “Presentan el debate como una elección imposible entre el agua y el desarrollo productivo de un montón de provincias. Es una dicotomía totalmente falsa. El agua y la minería no son enemigos”.