La Municipalidad de Córdoba avanza con un polémico y repudiable proyecto que busca regularizar la actividad de los "cuidacoches", transformándolos en agentes habilitados para exigir el pago por el estacionamiento en la vía pública, legalizando la extorsión.
La iniciativa, que será votada en las próximas horas, es impulsada por el intendente de extrema izquierda la Ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, y establece un esquema de cobro obligatorio contra los vecinos que estacionen sus autos en la calle.
Según el proyecto, la histórica figura del "cuidacoches informal" será reemplazada por la de “constatadores”, un nuevo rol definido por el municipio para evitar términos asociados a la actividad ilegal y de extorsión anterior.
Los "cuidacoches".
El nuevo rol de los "cuidacoches"
En los hechos, estos agentes externos ya no tendrán como función el cuidado de los vehículos, sino la fiscalización del pago del estacionamiento a través de una aplicación oficial.
La medida implica que estacionar en la vía pública dejará de ser gratuito en más sectores de la ciudad. El valor fijado será de $1.320 por hora, equivalente al 60% de un litro de nafta premium Infinia, y podrá llegar al 100% en el caso de eventos masivos. El pago deberá realizarse mediante código QR, bajo un sistema que busca formalizar la recaudación.
Lejos de eliminar la extorsión que durante años fue motivo de reclamos, el municipio opta por legalizarla dentro de un esquema institucional.
En este nuevo modelo, la recaudación tendrá un reparto que también genera controversia, pero que representa la alianza entre el Estado y los extorsionadores: el 20% de lo recaudado quedará para las arcas municipales, mientras que el 80% restante será destinado a las cooperativas que agrupan a los trabajadores.
Los "cuidacoches".
Este esquema plantea un cambio profundo en el uso del espacio público, ya que amplía significativamente las zonas alcanzadas por el cobro. De acuerdo con las proyecciones oficiales, se pasará de 358 cuidacoches registrados a más de 858 trabajadores bajo este sistema, lo que implica una expansión del control y de las áreas tarifadas en distintos puntos de la ciudad.
El planteo municipal trasladará el costo de la actividad ilegal directamente a los ciudadanos. En lugar de reducir la presencia de cuidacoches, el nuevo sistema no solo la consolida, sino que la amplía, incorporando más actores y más cuadras bajo un esquema pago.
La medida también pone en discusión el rol del Estado en la gestión de la seguridad y el orden urbano, al delegar funciones de control en actores externos organizados en cooperativas.
Con la votación inminente, Córdoba se encamina hacia una alianza entre el Estado y los "cuidacoches" extorsionadores, contra el ciudadano de bien.
