Despilfarro cíclico: la Municipalidad de Córdoba volverá a invertir millones en la renovación de plazas

El Gobierno de la Provincia, en conjunto con el Palacio 6 de Julio y EPEC, anunció una inversión inicial de $7.209.903.971 para remodelar 65 plazas capitalinas. Esta iniciativa forma parte de un proyecto más amplio que busca alcanzar a 200 espacios públicos mediante infraestructura eléctrica y nuevo mobiliario urbano. Sin embargo, el anuncio genera suspicacias, ya que se trata de una réplica exacta de programas ejecutados hace apenas unos años con plazas que, a día de hoy, continúan con reparaciones de hace años, o incluso con obras en abandono.

La gestión anterior ya había proclamado la recuperación de más de 440 plazas entre 2020 y 2023, bajo un discurso de modernización total del espacio público cordobés. Resulta llamativo que, transcurrido tan poco tiempo, el municipio decida inyectar nuevamente cifras astronómicas para reparar veredas, juegos y luminarias que supuestamente ya habían sido puestos en valor. Los ciudadanos se preguntan por qué las supuestas mejoras fallaron tan pronto, obligando a un nuevo desembolso de fondos que provienen de sus impuestos.

Miguel Siciliano, ministro de Vinculación y Gestión, defendió la medida argumentando que representa la continuidad de las políticas de recuperación de los espacios recreativos familiares. A pesar de esto, no se brindaron explicaciones técnicas sobre el rápido deterioro de las obras terminadas durante el ciclo previo en la capital provincial. La insistencia en este modelo de gasto evidencia un nuevo uso político de la obra pública por parte del peronismo cordobés, priorizando la estética inmediata sobre la durabilidad de la infraestructura.

Obras redundantes y el fantasma de los cercos naranjas

El cronograma actual prevé tareas de herrería, mampostería y la instalación de juegos modulares en sectores como Alta Córdoba, Poeta Lugones y Barrio San Martín. Las intervenciones también incluyen la demolición de estructuras obsoletas, una tarea que se supone ya había sido completada en el relevamiento masivo de la etapa anterior. Este patrón de "hacer y volver a hacer" sobre el mismo suelo denota una gestión de los recursos públicos que parece más enfocada en el anuncio que en la eficiencia.

Uno de los mayores reclamos vecinales durante la gestión pasada fue la excesiva duración de las obras, que en muchos casos superaron los 600 días de vallado perimetral. Plazas que hoy vuelven a ser listadas para intervención permanecieron cerradas durante años, volviendo a clausurar espacios verdes por el capricho del municipio. La preocupación reside en que este nuevo programa reactive la dinámica de veredas rotas y escombros permanentes que caracterizó al plan urbano de los años precedentes.

La participación de EPEC en esta fase busca eliminar riesgos eléctricos y mejorar la iluminación LED, tareas que ya figuraban en los pliegos de las 440 plazas recuperadas anteriormente. La falta de transparencia sobre los plazos de ejecución reales y el control de calidad de los materiales instalados vuelve a estar bajo la lupa social. No se entiende cómo equipamientos que fueron presentados como "de vanguardia" hace tan poco tiempo, hoy requieran una inversión de más de $7.000 millones para su reemplazo.

Inseguridad en los plazos y falta de control vecinal

Referentes de centros vecinales como los de Barrio Liceo y Nicolás Avellaneda manifestaron la necesidad de contar con espacios seguros, aunque con el temor de que las obras se eternicen. El viceintendente Javier Pretto sostuvo que la puesta en valor se consolida como una política de Estado, a pesar de las críticas por la falta de informes públicos claros. El gasto desmedido en paisajismo y mobiliario premoldeado parece ser la receta recurrente ante la ausencia de soluciones para problemas estructurales más urgentes de la ciudad.

Durante el proceso anterior, hubo denuncias por proyectos que cambiaban de presupuesto varias veces antes de ser inaugurados, elevando el costo real de manera discrecional. Paradójicamente, varias plazas de la ciudad de Córdoba se encuentran hoy cerradas por remodelaciones: a casi dos años del inicio de las obras para su puesta en valor la fecha de reinauguración es aún incierta, con obras que permanecen inconclusas, en estado de virtual abandono, y con presupuestos que ya fueron redeterminados en varias oportunidades. El plazo de ejecución pactado de las obras era de 120 días; sin embargo, los avances reales no superan hoy el 32% (en dos de ellas), mientras que el presupuesto inicial en algunos casos ya fue duplicado.

La administración de Daniel Passerini continúa un modelo de obra pública que prioriza el impacto visual sobre la utilidad real y el mantenimiento preventivo constante. El anuncio de "Nos vemos en la Plaza" suena más a una consigna de campaña repetida que a una respuesta técnica a las necesidades de mantenimiento de la ciudad. Resulta imperativo exigir auditorías externas que verifiquen por qué las plazas que fueron "recuperadas" hace tres años hoy necesitan ser intervenidas desde cero nuevamente.

Gasto público cíclico en lugar de mantenimiento serio

La incorporación de mesas y bancos de hormigón se vuelve a presentar como una novedad, ignorando que miles de estas piezas fueron distribuidas en la etapa de 2020. El municipio insiste en un esquema de contratación masiva que no garantiza la durabilidad de los espacios verdes frente al vandalismo o el paso del tiempo. La falta de un plan de cuidado posterior convierte a cada plaza en un pozo sin fondo donde se entierra el dinero de los contribuyentes de manera cíclica.

Las autoridades provinciales y municipales deben responder con datos concretos sobre el ahorro o la eficiencia que supone volver a gastar en los mismos puntos geográficos. Córdoba no debe financiar obras estéticas redundantes mientras otros servicios básicos, como el tratamiento de baches o el alumbrado, sufren deficiencias diarias. La política de Estado debería ser el mantenimiento, no la reconstrucción constante de lo que ya se anunció como "nuevo" en el pasado reciente.

El éxito de cualquier plan de infraestructura reside en su transparencia y en la rendición de cuentas sobre cada peso invertido por el Estado provincial. La sociedad cordobesa ya no admite el derroche de recursos públicos, con inauguraciones de plazas que ya vio inaugurar hace apenas unos años atrás como ejemplo de irresponsabilidad fiscal municipal. Es hora de que la gestión de los espacios verdes deje de ser una herramienta de marketing político y se transforme en un servicio público eficiente, transparente y duradero.