Las acciones de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration cayeron un 2,97% y 5,59%, respectivamente, tras las sanciones impulsadas por el Gobierno de Milei contra las empresas vinculadas al proyecto Sea Lion.
Los inversores han tomado nota de que el controvertido proyecto Sea Lion —donde Navitas Petroleum posee el 65% y Rockhopper Exploration el 35% restante— se ha convertido en un activo de altísimo riesgo político y financiero. El mercado asume la inviabilidad de un desarrollo de aguas profundas que contempla una colosal inversión de US$ 2.200 millones y una ambiciosa meta de extraer 50.000 barriles diarios de crudo a partir de 2028, al quedar cercado por un Estado soberano decidido a usar todo su poder de disuasión.
El origen de este descalabro financiero fue el contundente mensaje en cadena nacional brindado por el jefe de Estado, donde sepultó la pasividad del pasado y firmó el Decreto 868/2026 para dotar de máxima celeridad a las penalidades de la Ley 26.659.
Un fulminante colapso bursátil sacudió a la plaza financiera del Reino Unido: las acciones de la operadora israelí Navitas Petroleum se desplomaron un dramático -2,97%, mientras que los papeles de su socia británica, Rockhopper Exploration, sufrieron un catastrófico derrumbe del -5,59%. Este verdadero baño de sangre financiero se desató de inmediato como consecuencia directa de las implacables sanciones impulsadas por el presidente Javier Milei para bloquear de forma irreversible a quienes intenten operar con licencias coloniales británicas en nuestras Islas Malvinas.
El pánico de los inversores internacionales refleja el fin de la impunidad: por primera vez en décadas de claudicación diplomática kirchnerista, la Argentina utiliza el peso de su ley y el realismo de mercado para infligir daños económicos directos e instantáneos a los saqueadores extranjeros.
Rockhopper
Esta contundente caída de las acciones se suma a la severa denuncia penal presentada por el Gobierno de la Libertad contra Navitas Petroleum, sus subsidiarias, socios y directivos, acusándolos formalmente de violar la legislación nacional al explotar recursos en una plataforma continental que pertenece exclusivamente a los argentinos.
Navitas Petroleum
Bajo la premisa de que "la seguridad nacional no es solamente la defensa física de nuestro territorio; es aquello que asegura la supervivencia y la prosperidad de la nación a lo largo del tiempo", la norma pone a la Cancillería como autoridad de aplicación, acorta los plazos sancionatorios y extiende la inhabilitación comercial de forma solidaria sobre proveedores, directores y accionistas.
El presidente Javier Milei planteó a los directorios del mundo un dilema de hierro de libre mercado: "Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas".
Esta implacable estrategia de asfixia económica ya logró aislar por completo el desarrollo británico al forzar la rendición de las tres mayores empresas de servicios petroleros del mundo. La número uno global, SLB (Schlumberger, valuada en más de USD 85.000 millones), la gigante de equipos Baker Hughes (con un valor superior a los USD 63.000 millones y que operaba 32 plataformas activas en el país al mes de mayo), y la poderosa Halliburton (con una capitalización de USD 33.000 millones y cuyo histórico CEO global fue Richard Cheney), confirmaron por escrito que no participarán en ningún proyecto en las islas para preservar sus multimillonarios negocios en el coloso energético de Vaca Muerta.
El presidente, Javier Milei.
Acorraladas por el régimen del RIGI y la normalización económica de un país en pleno crecimiento, las multinacionales eligieron la legalidad argentina frente a una aventura colonial que equivale a apenas el 1% de la riqueza geológica neuquina.
Finalmente, el cerco sobre los usurpadores se estrecha aún más con la confirmación, el 8 de septiembre de 2026, del inicio de sumarios sancionatorios contra 15 nuevos sujetos adicionales que violaron la Ley 26.659. Estos nuevos expedientes se suman a los 45 ya abiertos por la administración libertaria, alcanzando un total de 60 personas físicas y jurídicas bajo la lupa del Estado. Mientras la Cancillería ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países, el derrumbe bursátil en Londres demuestra que las fuerzas del cielo y el derecho de la libertad han puesto de rodillas la prepotencia pirata en el Atlántico Sur.
