La Justicia federal investiga al kirchnerista Jorge D’Onofrio y a un exfuncionario de la VTV por un grave delito.
Entre los elementos considerados se encuentra la emisión de una cédula azul que autorizaba al exministro a conducir el vehículo desde la fecha de adquisición, así como la registración y pago del sistema Telepase a su nombre.
La causa también detalla que, en marzo de este año, D’Onofrio fue procesado y embargado por un total de $350.000.000, mientras que Asensio recibió la misma medida por $300.000.000.
Entre los hechos bajo análisis se incluye una presunta maniobra irregular vinculada al sistema de fotomultas y a la operatoria de la VTV.
El auto de mérito dictado el 20 de noviembre de 2025 por el juez Charvay calificó a ambos imputados como coautores del delito de lavado de activos de origen ilegal, agravado en el caso del exministro por su condición de funcionario público.
Las defensas de los acusados habían solicitado el sobreseimiento y el rechazo del requerimiento fiscal de elevación a juicio. En el caso de D’Onofrio, se argumentó que no se logró acreditar la existencia de un delito precedente y se señaló que una de las causas en la justicia provincial había sido archivada por falta de pruebas.
Por su parte, Asensio cuestionó la imputación al sostener que se basaba únicamente en su condición de titular registral del vehículo y negó tener conocimiento sobre el presunto origen ilícito de los fondos.
Sin embargo, el juzgado rechazó ambos planteos al considerar que la instrucción se encontraba completa respecto de los hechos investigados y resolvió avanzar con la elevación a juicio oral, instancia en la que se definirá la responsabilidad penal de los acusados.
El Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, resolvió elevar a juicio oral la causa FSM 23688/2024 en la que se investiga al exministro de Transporte de Axel Kicillof, Jorge Alberto D’Onofrio, y a Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), por el presunto delito de lavado de activos agravado.
La decisión se tomó luego de que el Ministerio Público Fiscal considerara acreditada, en esta etapa del proceso, la hipótesis de que ambos imputados habrían adquirido un vehículo de alta gama, un Audi Q8, mediante el uso de fondos que tendrían origen en delitos contra la administración pública provincial.
De acuerdo con la investigación, el 19 de octubre de 2023, Asensio registró el automóvil a su nombre en una seccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un valor declarado de $30.000.000. Sin embargo, el seguro contratado para el rodado fijó una cobertura de $173.800.000, monto que, según el juzgado, reflejaría el valor real de mercado del vehículo.
En el expediente judicial se sostiene que, pese a que la titularidad formal del automóvil estaba a nombre de Asensio, el uso efectivo, dominio y disposición del bien correspondían al exfuncionario kirchnerista D’Onofrio.
Para justificar el origen de los fondos utilizados en la compra, Asensio presentó un contrato de mutuo firmado el 12 de octubre de 2023 con la empresa Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A., integrada por sus padres. El acuerdo establecía la devolución de los $30.000.000 antes del 31 de diciembre de ese mismo año. La defensa sostuvo que ese dinero provenía de la venta de un inmueble realizada por la sociedad en julio de 2023.
No obstante, la instrucción judicial vincula los fondos empleados en la operación con otras investigaciones en curso en el Departamento Judicial de La Plata, donde se analizan presuntos delitos de fraude, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito que involucran a D’Onofrio.
