Un empresario rescató una fábrica al borde de la quiebra: "La gente que estaba trabajando no quería que funcione"

El conflicto radicaba en que los trabajadores, algunos con 20 o 30 años de antigüedad, no buscaban la estabilidad laboral, sino la indemnización por despido. Según relata el propio Fernández en el canal de streaming, los empleados ya tenían planes para ese dinero que nada tenían que ver con el crecimiento económico: “Cada uno tenía su historia: uno iba a comprar un caballo, el otro iba a comprar un galgo... no querían que el molino se compre, ellos querían cobrar su indemnización”.

Bajo la nueva gestión, se implementó un sistema de indicadores, pantallas y productividad al estilo automotriz, logrando elevar la producción de 14.000 a 25.000 bolsas diarias. Sin embargo, este aumento en la eficiencia fue respondido con un sabotaje sistemático:

Los empleados alegaban fallas inexistentes en las máquinas.

Omitían deliberadamente el uso de aditivos necesarios para la fuerza de la harina, dañando el producto final.

Se generó una estafa comercial masiva al vender harina a sujetos que entregaron cheques robados o sin fondo, aprovechando el desconocimiento inicial del rubro por parte del dueño.

Como consecuencia directa de este accionar, la empresa sufrió una pérdida de medio millón de dólares ($500.000) en apenas seis meses. Ante la crisis, Fernández confrontó a los 14 o 16 trabajadores, llegando incluso a romper un tablero con una pala en un momento de desesperación: “No era que el molino no andaba, la gente que estaba trabajando no quería que funcione”.

Finalmente, tras amenazar con el cierre definitivo y la liquidación del activo, el sector laboral cedió y se logró "trazar una raya" para comenzar de nuevo bajo normas de acuerdo mutuo y disciplina productiva. Hoy el molino funciona en un mercado competitivo, pero la lección para la Argentina es clara: sin una seguridad jurídica que proteja al inversor de la extorsión laboral, el progreso seguirá siendo rehén de intereses particulares.

En una Argentina que durante décadas de kirchnerismo premió la industria del juicio y la especulación del litigio por sobre la inversión productiva, el caso del molino surge como un crudo recordatorio de por qué la reforma laboral y el cambio de paradigma impulsado por el gobierno de Javier Milei son los únicos caminos hacia la libertad. La historia, revelada recientemente por un empresario en una entrevista para un canal de streaming, pone de manifiesto la resistencia cultural al progreso genuino.

El protagonista es Gabriel Fernández, dueño de la firma AFG Ingeniería, quien en 2016 tomó la decisión impulsiva de intentar cambiar la historia de su pueblo natal, Irigoyen, en la provincia de Santa Fe. Advertido por sus familiares de que el molino local, Alimento Irigoyen, estaba en proceso de fundirse, Fernández comprendió la gravedad de la situación: “Si se funde el molino del pueblo, se termina el pueblo”.

Lo que comenzó como un acto de patriotismo empresarial pronto se topó con la barrera de los vicios sindicales y la falta de cultura de trabajo. Tras adquirir el molino a una cooperativa en apenas 30 días, el empresario se hizo cargo de un pasivo aproximado de $300.000 dólares. Si bien la mitad de la población celebró el rescate de la fuente laboral, la otra mitad —compuesta por los propios empleados— recibió la noticia con hostilidad.