La causa judicial por la producción de la novela “Mamá Corazón” volvió a cobrar relevancia luego de que la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Casación Penal solicitara revertir la absolución que había beneficiado a Andrea del Boca, al exministro Julio De Vido y a otros acusados en el juicio oral.
El pedido fue presentado por el fiscal general Raúl Pleé ante la Sala II del máximo tribunal penal del país, donde fundamentó la apelación del fallo dictado por el Tribunal Oral Federal N.º 7, que había absuelto a todos los imputados.
De acuerdo con fuentes judiciales citadas por distintos medios, el representante del Ministerio Público entregó un documento de ocho páginas en el que solicita que la sentencia sea revisada y que se dicten condenas para los acusados.
Durante el juicio oral, la fiscal Fabiana León había solicitado tres años y medio de prisión para Andrea del Boca y cuatro años y medio para Julio De Vido.
Ese pedido fue ratificado ahora por el fiscal Pleé en su dictamen ante la Cámara de Casación.
Además, el Ministerio Público también solicitó la restitución de 3.126.000 dólares que, según la acusación, habrían sido desviados de fondos públicos destinados a la producción de la novela.
El caso gira en torno al financiamiento estatal de “Mamá Corazón”, una ficción que fue producida con fondos públicos pero nunca llegó a emitirse en televisión.
En su presentación, el fiscal Pleé cuestionó la valoración de las pruebas realizada por el tribunal que llevó adelante el juicio.
Según sostuvo en el dictamen, el Tribunal Oral Federal N.º 7 habría evaluado las pruebas “de forma parcializada”, lo que terminó favoreciendo a los acusados mediante la aplicación del principio de la duda.
La Fiscalía también señaló que el esquema utilizado para contratar la producción de la novela habría tenido como objetivo direccionar el contrato en beneficio del proyecto, evitando un proceso competitivo.
De acuerdo con esa hipótesis, ciertas cláusulas del acuerdo habrían permitido generar un lucro indebido para quienes participaron del proyecto.
Otro de los puntos cuestionados por el Ministerio Público fue la intermediación de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en el proceso de contratación.
Según la acusación, la universidad recibió casi 4,4 millones de pesos —alrededor del 10% del presupuesto total de la obra en ese momento— en concepto de gastos administrativos o supervisión.
Para la Fiscalía, una alternativa más transparente habría sido canalizar el proyecto a través del INCAA, organismo que —según sostienen— no habría implicado ese costo adicional para el Estado.
La defensa de Andrea del Boca
Desde la defensa de la actriz rechazaron las acusaciones y defendieron la decisión del tribunal que dictó la absolución.
El abogado Juan Pablo Fioribello sostuvo que durante el juicio quedó demostrado el destino de los fondos utilizados en la producción.
“Todo lo que plantea la Fiscalía se ha zanjado durante el proceso”, afirmó el letrado.
Según explicó, peritos de la Corte Suprema de Justicia auditaron las cuentas vinculadas al proyecto y concluyeron que no existieron irregularidades en el manejo del dinero.
“Quedó plenamente demostrado a dónde fueron los fondos. No hubo un solo hecho irregular en cuanto a la rendición de cuentas”, aseguró.
