Albertina Mangini, integrante de la Procuración General y funcionaria en el Patronato de Liberados, fue imputada por asociación ilícita, defraudación digital y lavado de activos agravado.
La descomposición moral del aparato estatal bonaerense ha sumado un nuevo y escandaloso capítulo. En la ciudad de La Plata, se ordenó la detención y el procesamiento de Albertina Mangini, una funcionaria perteneciente a la Procuración General bonaerense que actualmente se desempeñaba en comisión dentro del Patronato de Liberados.
La imputada está acusada de liderar una monumental estructura criminal que movilizó la obscena cifra de $27.000 millones en el plazo de un año utilizando plataformas digitales. Este millonario desfalco, que expone las nulas garantías de control de la gestión de Axel Kicillof, culminó con la imputación de Mangini por los graves cargos de "asociación ilícita", "defraudación mediante el uso indebido de datos digitales" y "lavado de activos agravado", delitos acentuados por la habitualidad y por su rol como funcionaria pública.
Albertina Mangini
De mayor a menor, la trama delictiva revela el modus operandi clásico de la vieja política que el gobierno nacional busca erradicar: la explotación de la necesidad social. La banda criminal utilizaba la ingeniería financiera del "pitufeo" o "smurfing" para burlar los controles del Estado.
La maniobra consistía en realizar infinidad de microtransferencias de montos bajos a través de billeteras virtuales para eludir alertas fiscales.
Para lograr esto, la funcionaria kirchnerista captaba a personas en situación de extrema vulnerabilidad económica, a quienes les ofrecía el pago de $80.000 a cambio de entregar sus datos personales y biométricos para abrir cuentas que luego servían como "mulas" financieras.
Aprovechándose vilmente de su posición pública, Albertina Mangini captaba a estas personas bajo supervisión judicial o en contextos de fragilidad social, lo que la fiscalía describió como un claro "abuso de función pública".
Axel Kicillof, gobernador bonaerense.
El destino final de los fondos robados a los que menos tienen era un engranaje de blanqueo sofisticado. Según la hipótesis fiscal, los fondos eran derivados a un "casino online ilegal" donde se hacían pasar por supuestas ganancias de juego para dificultar su rastreabilidad.
La investigación judicial, conducida por la fiscal Betina Lacki, tuvo un quiebre definitivo el 16 de abril de 2026 cuando se ejecutaron múltiples órdenes de allanamiento.
La red delictiva también salpicó a otras localidades de la provincia de Buenos Aires. En Mar del Plata fue arrestado Mauro Perrota, mientras que en Quilmes cayó Ignacio Marchioni.
Durante las indagatorias judiciales, la funcionaria Albertina Mangini y el implicado Mauro Perrota optaron por ampararse en su derecho constitucional y "se negaron a declarar" ante la fiscalía.
Por el contrario, el único en prestar declaración fue Marchioni, quien intentó justificar que su actividad comercial correspondía al "corretaje y las inversiones".
Axel Kicillof, gobernador bonaerense.
No obstante, los investigadores centran sus sospechas en un patrón sumamente llamativo dentro de las decenas de transferencias detectadas: los montos terminaban sospechosamente en el decimal ".12".
Mientras la fiscal Betina Lacki cuenta con un plazo de 15 días —prorrogables por un período idéntico— para definir la prisión preventiva de la procesada Mangini, la sociedad asiste a otra prueba irrefutable de cómo el "Estado presente" del kirchnerismo solo ha servido como pantalla para el enriquecimiento ilícito de sus funcionarios. Una realidad diametralmente opuesta al camino de saneamiento moral y libertad económica que hoy lidera el Presidente Javier Milei.
