El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA) y aprobó el modelo de Contrato de Concesión que regirá la relación entre el Estado y el futuro operador de la compañía.
La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 543/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, donde se establecen las bases para la transferencia de la empresa y las condiciones que deberá cumplir durante la transición hacia una nueva titularidad.
Según lo dispuesto, AySA tendrá que implementar un plan de acción de transición que permita sostener una gestión operativa adecuada mientras se concreta el cambio de control. Esta etapa busca evitar alteraciones en la prestación de servicios esenciales como el agua potable y el sistema de cloacas.
AySA.
El esquema diseñado por el Ejecutivo apunta a la incorporación de un operador estratégico, que será seleccionado mediante un proceso de licitación pública de alcance nacional e internacional. El objetivo es avanzar en la venta de al menos el 51% del paquete accionario de la empresa.
La medida se enmarca en la aplicación de la ley 27.742, que declaró a la compañía “sujeta a privatización” y facultó al Gobierno a llevar adelante los mecanismos necesarios para desprenderse de la participación mayoritaria estatal.
De acuerdo con los considerandos de la resolución elaborada por el Ministerio de Economía, el proceso de venta se estructurará con el fin de asegurar la participación de actores con capacidad técnica y financiera para operar el servicio.
En paralelo, para el porcentaje accionario que permanezca en manos del Estado Nacional, se prevé su colocación en bolsas y mercados locales. Este tramo del proceso contará con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.
Trabajadores de AySA.
Uno de los ejes centrales de la medida es la aprobación anticipada del contrato de concesión, que tiene como finalidad establecer con mayor precisión los derechos y obligaciones tanto del Estado como del futuro concesionario. Esta definición contractual sigue las recomendaciones del Informe Circunstanciado elaborado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
A partir de esta decisión, la empresa deberá cumplir con el Plan de Acción de Transición durante el período restante del año en curso. Además, el contrato contempla la incorporación de metas y compromisos que se extenderán en el tiempo, especialmente durante el primer ciclo tarifario previsto entre enero de 2027 y diciembre de 2031.
El Ministerio de Economía, en su rol de autoridad de aplicación, tendrá la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar que el proceso de privatización no genere interrupciones en el servicio ni afecte su calidad o cobertura.
De esta manera, el Gobierno de Milei avanza en la reconfiguración del esquema de gestión de AySA, con el objetivo de concretar la privatización bajo un marco regulatorio previamente definido.
