El gobierno de Javier Milei evalúa crear un fondo destinado a la compra de armamento militar para fortalecer a las FFAA

El proyecto se apoya actualmente en dos carriles que avanzan en paralelo. Por un lado, el Ejecutivo ya habilitó nuevas herramientas para ejecutar las privatizaciones previstas en la Ley Bases y su reglamentación. Por otro, la Agencia de Administración de Bienes del Estado tiene vía libre para impulsar la venta de inmuebles nacionales que fueron declarados “innecesarios para la gestión estatal”. Entre esos activos se encuentran distintos predios —incluidos algunos vinculados a las fuerzas— sobre los que el oficialismo puso la mira en los últimos meses.

En el entorno presidencial reconocen que el punto más delicado del proyecto no radica en la venta de los activos, sino en el destino de los fondos obtenidos. La Ley de Administración Financiera (24.156) establece que los recursos con afectación específica deben surgir por ley, lo que abre una discusión jurídica sobre la posibilidad de crear un fondo de estas características mediante un decreto simple. En Balcarce 50 admiten que esa ingeniería legal todavía se encuentra en estudio.

En ese debate aparece como referencia inmediata el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), creado en 2020 con el objetivo de financiar el reequipamiento militar. Esa norma había establecido una asignación específica para la recuperación, modernización e incorporación de material para las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la Ley de Presupuesto 2026 derogó el inciso central que garantizaba su fuente automática de financiamiento, lo que abrió el escenario para nuevas alternativas de financiamiento como la que ahora evalúa el Gobierno.

El gobierno nacional evalúa avanzar con la creación de un fondo específico destinado a la compra de armamento y al reequipamiento de las Fuerzas Armadas, financiado con el 10% de lo recaudado por la venta de activos del Estado. La iniciativa forma parte de la nueva etapa de reformas estructurales que impulsa la administración de Javier Milei y que busca profundizar durante 2026, combinando la reducción del patrimonio estatal con inversiones estratégicas en defensa.

Según analizan en la Casa Rosada, el esquema apunta a destinar parte de los ingresos provenientes de privatizaciones, venta de terrenos y otros bienes públicos a reforzar la capacidad militar del país. En el oficialismo estudian instrumentar la medida mediante un decreto o incluso a través de una herramienta normativa de mayor alcance, en línea con la aceleración del proceso de modernización del Estado.

Dentro del Gobierno sostienen que el plan forma parte de la nueva fase de la reforma estatal que la gestión libertaria pretende profundizar el próximo año. La idea es vincular una porción de los recursos extraordinarios generados por la venta de activos con inversiones de capital para Defensa, lo que permitiría avanzar simultáneamente en dos objetivos centrales del programa oficial: reducir activos públicos considerados improductivos y fortalecer la estructura material de las Fuerzas Armadas.

Desde el Ejecutivo aseguran que el esquema apunta a sostener un paquete de reequipamiento militar que va más allá de las compras ya concretadas. El Estado nacional ya activó la incorporación de los vehículos blindados Stryker para el Ejército, mantiene en marcha el programa de adquisición de aviones F-16 junto con el entrenamiento de pilotos y además oficializó el financiamiento para helicópteros navales livianos destinados a la Armada. A estos proyectos se suman iniciativas abiertas vinculadas a submarinos y buques, entre otras inversiones estratégicas.

En la Casa Rosada estiman que, si se acelera el proceso de privatizaciones y la venta de terrenos y otros bienes públicos, el fondo podría reunir entre US$1500 millones y US$3000 millones en distintas etapas. La apuesta oficial es que esa caja permita sostener compras militares de gran magnitud sin que todo el peso recaiga sobre los ingresos corrientes del Tesoro, fortaleciendo así la planificación de largo plazo en materia de defensa.

En paralelo, el Gobierno busca acelerar el mapa de privatizaciones previsto para 2026, uno de los pilares sobre los que se apoya la proyección de ingresos del eventual fondo. Dentro del oficialismo señalan que los procesos más avanzados incluyen a Intercargo, Belgrano Cargas y AYSA. Al mismo tiempo, Correo Argentino avanza bajo un esquema de concesión, mientras que otros expedientes, como el de Nucleoeléctrica, continúan con un ritmo más lento.

De manera complementaria, los equipos técnicos del Ejecutivo trabajan también en los planes vinculados a SOFSE, YCRT y nuevos tramos de Corredores Viales, iniciativas que forman parte del rediseño estructural del sector público impulsado por la administración de Javier Milei y que podrían aportar recursos clave para financiar el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en los próximos años.