El Gobierno de Milei aprobó un nuevo proyecto en el RIGI por más de USD 700 millones

La ampliación del gasoducto Perito Moreno se suma a una serie de iniciativas aprobadas bajo el RIGI, un régimen diseñado para atraer inversiones de gran escala en sectores estratégicos como energía, minería e infraestructura. De acuerdo con el propio ministro, el esquema muestra resultados históricos en términos de volumen de inversión.

“Con este ya son 14 proyectos aprobados al RIGI por inversiones totales de 28 mil millones de dólares y hay otros 26 proyectos en evaluación que llevarían la inversión total de proyectos RIGI a 97 mil millones de dólares”, señaló Caputo.

El avance de estos proyectos refuerza la estrategia del Gobierno de Milei de impulsar el desarrollo económico a través del capital privado, con foco en la creación de infraestructura y la mejora en la competitividad del país.

En este caso, el incremento en la capacidad de transporte de gas apunta a reducir costos y garantizar mayor disponibilidad de energía, especialmente en períodos de alta demanda como el invierno.

La iniciativa se enmarca en un contexto donde el Gobierno establece reglas claras para atraer inversiones y reducir la participación estatal directa en el financiamiento de obras, apostando a un modelo donde el sector privado asuma un rol central tanto en la ejecución como en la construcción de la infraestructura.

Con esta nueva aprobación, el RIGI vuelve a posicionarse como una de las principales herramientas del Ejecutivo para dinamizar la economía y potenciar sectores clave, con proyectos que ya alcanzan decenas de miles de millones de dólares.

Según detalló el funcionario, la obra tendrá un impacto directo en el abastecimiento energético del país. “Esto beneficiará a clientes residenciales, industrias y generación eléctrica que tendrán más gas a una fracción del costo del GNL que se desplaza”, afirmó.

El anuncio también remarca un cambio estructural en la forma de encarar este tipo de proyectos. En ese sentido, Caputo sostuvo: “Además marca un cambio de paradigma, ya que después de más de 20 años vuelve a ser el sector privado el que contrata y financia una obra de transporte de gas y le vende esa capacidad adicional a otros privados y no al Estado”.