Entre los delitos que pasarán a la órbita porteña figuran los delitos contra el honor, como calumnias e injurias. También se incluyen delitos contra la integridad sexual, entre ellos abuso sexual, abuso sexual seguido de muerte, corrupción de menores, promoción o facilitación de la prostitución agravada, explotación de la prostitución y rapto.
La transferencia además alcanza delitos contra la libertad, como reducción a la servidumbre, privación ilegítima de la libertad, sustracción de menores y amenazas coactivas. A esto se suman delitos vinculados a la seguridad del tránsito, como el entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes.
El acuerdo también incorpora leyes penales especiales. En ese paquete aparecen el Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria y la protección y conservación de la fauna silvestre.
El Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron dos acuerdos para transferir nuevas competencias penales a la Justicia porteña, en un avance clave para profundizar la autonomía de la Ciudad, agilizar los tiempos de respuesta y ordenar una deuda institucional que lleva décadas.
Los convenios fueron firmados por Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia, y contemplan la transferencia de delitos del Código Penal de la Nación, infracciones previstas en leyes penales especiales y competencias vinculadas a la Justicia Penal de Menores. Para entrar en vigencia, ambos acuerdos deberán ser aprobados por el Congreso Nacional y por la Legislatura porteña.
Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia.
El objetivo central es que la Ciudad asuma causas que corresponden a delitos no federales y que, pese a la autonomía porteña reconocida desde 1994, todavía seguían bajo administración nacional. En los hechos, se busca una justicia más cercana, con mejor distribución de recursos y una respuesta más rápida.
Uno de los puntos más relevantes es el traspaso de la Justicia Penal de Menores. La Justicia de la Ciudad asumirá de forma exclusiva el juzgamiento de delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, además de la adopción de medidas de protección para menores de 14 años involucrados en hechos tipificados como delitos.
Además, en las causas donde haya menores y mayores de edad involucrados en un mismo hecho, la Justicia porteña asumirá la competencia para investigar y juzgar, de manera que la causa no se divida. Ese punto apunta directamente a evitar demoras, superposiciones y conflictos entre jurisdicciones.
Abusos, amenazas, privaciones ilegítimas y causas de menores serán competencia de la Justicia de la Ciudad.
Tapia sostuvo que se le están transfiriendo a la Ciudad “las competencias judiciales que le corresponden” y que, 30 años después de la autonomía, seguían administradas por la Nación. También afirmó que el convenio permitirá consolidar políticas públicas para recuperar el orden y la seguridad, con una justicia eficiente y cercana.
La medida se da luego de que el presidente Javier Milei delegara en el Ministerio de Justicia la facultad de negociar y firmar acuerdos con la Ciudad para avanzar en la transferencia de competencias penales. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 547/2026 y permitirá que los delitos locales sean tratados por la Justicia local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
