El oficialismo prepara reformas para reducir costos, abrir mercados e impulsar la competencia en distintos sectores de la economía.
Actualmente, la normativa reserva el transporte entre puertos nacionales exclusivamente a barcos argentinos, que además deben estar comandados por capitanes y oficiales del país y contar con tripulación mayoritariamente local.
Estas restricciones entran en tensión con el Artículo 26 de la Constitución Nacional, que establece la libre navegación de los ríos interiores “para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional”.
En ese sentido, el planteo oficial apunta a eliminar las limitaciones actuales para permitir el ingreso de operadores más eficientes, impulsando el comercio y el desarrollo.
El esquema vigente encarece significativamente los costos logísticos, en particular para los productores del norte argentino y de la región mesopotámica. La apertura a embarcaciones extranjeras permitirá reducir tarifas y mejorar la competitividad del transporte fluvial.
El Gobierno de Javier Milei está preparando un nuevo paquete de desregulación que abarcará múltiples áreas de la actividad económica, tras el tratamiento en el Congreso de iniciativas como la Ley Hojarasca y la ley de propiedad privada.
La propuesta, que se elabora en el ámbito del Ministerio de Desregulación conducido por Federico Sturzenegger, tiene como objetivo central reducir costos, mejorar la competitividad y facilitar la incorporación de nuevos actores en distintos mercados.
Según la información disponible, el proyecto se encuentra prácticamente finalizado y podría ser presentado en los próximos días como parte de un conjunto más amplio de iniciativas que el Ejecutivo planea anunciar.
Uno de los ejes principales de la iniciativa apunta a modificar el régimen de cabotaje vigente (decreto-ley 19.492), con el fin de habilitar la libre navegación fluvial para embarcaciones de bandera extranjera.
El paquete también incluye una transformación profunda del mercado inmobiliario. Entre los cambios propuestos figura la eliminación de la matriculación obligatoria, los honorarios mínimos y diversas barreras de entrada que actualmente regulan la actividad. De avanzar esta reforma, cualquier persona podría intervenir en operaciones inmobiliarias sin necesidad de contar con formación profesional específica.
Esta medida incrementará la competencia dentro del sector y facilitará el ingreso de nuevos participantes, en línea con la estrategia general de desregulación.
Además, el Gobierno de Milei planea introducir modificaciones en la industria del seguro y en el sistema financiero. En estos sectores, el foco estará puesto en reducir el costo del crédito y promover su acceso, especialmente para pequeñas industrias que hoy enfrentan mayores dificultades para financiarse.
La definición final del paquete dependerá de la mesa política del oficialismo, que viene de registrar avances legislativos en materia de desregulación. Entre ellos, se destacan la media sanción de la Ley Hojarasca en la Cámara de Diputados y el dictamen favorable para la ley de propiedad privada en el Senado.
En ese contexto, el nuevo conjunto de medidas busca impulsar el rumbo económico del Gobierno, con una estrategia centrada en la apertura de mercados, la reducción de regulaciones y la promoción de la competencia como motores de crecimiento.
