La Procuración del Tesoro pidió anular la cautelar que frenó 83 artículos de la Ley 27.802.
La presentación apunta contra el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, a cargo de kirchnerista Raúl Horacio Ojeda, que el 30 de marzo había suspendido provisoriamente 83 artículos de la norma tras una acción promovida por la CGT. Desde la Casa Rosada sostienen que esa decisión no solo bloquea una reforma votada por el Congreso, sino que además introduce un fuerte factor de incertidumbre jurídica sobre el mercado laboral argentino.
En el escrito, la Procuración —en representación del Ministerio de Capital Humano— reclamó que se declare admisible el recurso, que se suspendan los efectos de la cautelar y que la Corte restituya la plena vigencia de la ley mientras se resuelve el fondo de la cuestión. El planteo oficial también cuestiona la competencia del juez laboral y sostiene que no existe un caso judicial concreto ni legitimación activa colectiva suficiente por parte de la CGT para accionar en nombre de todos los trabajadores del país.
El per saltum es un mecanismo excepcional que permite llevar un caso directamente a la Corte Suprema sin pasar por las instancias intermedias. Está previsto para situaciones de gravedad institucional, donde una demora en el trámite judicial podría generar daños irreparables. En este caso, el Gobierno sostiene que la suspensión de una ley votada por el Congreso y con impacto en todo el país justifica la intervención urgente del máximo tribunal.
Según el Gobierno, la central sindical basó su demanda en argumentos generales y abstractos, sin acreditar un perjuicio específico derivado de la aplicación de la norma. A eso se suma otro punto central del planteo oficial: al tratarse de una causa donde el Estado Nacional es parte y cuyos efectos impactan en todo el territorio argentino, la discusión debería tramitar en el fuero federal y no en la justicia laboral ordinaria. En esa línea, el Ejecutivo recordó que el 10 de abril el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 hizo lugar a una inhibitoria y reclamó el expediente.
La Procuración calificó el episodio como un caso de “gravedad institucional”. Permitir que un juez de primera instancia suspenda con alcance general una ley nacional implica un avance indebido sobre atribuciones del Congreso y una señal peligrosa para la división de poderes. También advirtió que, si este criterio se consolida, cualquier magistrado podría frenar normas aprobadas por el Parlamento con efectos erga omnes, abriendo una puerta de enorme inestabilidad para todo el sistema normativo.
Detrás del expediente también se juega una pulseada de fondo entre el Gobierno de Javier Milei y el aparato sindical que busca conservar sus privilegios. La CGT judicializó una reforma orientada a flexibilizar rigideces del sistema laboral y dotar de libertad al trabador, mientras el Ejecutivo ahora apuesta a que la Corte ponga un límite a un fallo improcedente, expansivo y políticamente funcional al bloqueo corporativo.
