En medio de una crisis de seguridad cada vez más evidente en el conurbano bonaerense, distintos intendentes comenzaron a impulsar la creación de policías municipales como respuesta al deterioro del esquema provincial. El caso de San Isidro, con el intendente Ramón Lanús a la cabeza, se convirtió en uno de los ejemplos más claros de esta tendencia.
Lanús confirmó que busca avanzar con una fuerza local propia, aunque para ello necesita una ley que hoy debe aprobar la Legislatura bonaerense. No es el único: varios municipios ya empiezan a tomar distancia de un esquema provincial que consideran incapaz de enfrentar la inseguridad.
En paralelo, la administración bonaerense avanzó con la suspensión del plan MESA, lo que signifca cortar el financiamiento a comedores y la asistencia alimentaria en todo el territorio. La decisión deja en evidencia que el desfinanciamiento no se limita a las fuerzas de seguridad, sino que alcanza incluso al rol de contención social.
Una Provincia sin rumbo y enfrentada con su propia policía
Kicillof fue insultado en e los actos de la Escuela de la Policia Bonaerense.
El trasfondo de este avance municipal no se explica solo por una cuestión de autonomía, sino también por el deterioro de la gestión provincial en materia de seguridad. En las últimas semanas, el propio gobernador Axel Kicillof quedó expuesto en la Escuela de Policía Bonaerense, donde fue abucheado durante un acto oficial por efectivos que reclamaban mejoras salariales.
El episodio dejó al descubierto un malestar creciente dentro de la fuerza, atravesada por problemas estructurales en salarios, equipamiento y condiciones de trabajo. Con la autoridad ya erosionada, el gobierno provincial optó por minimizar lo ocurrido e impulsar, haciendo el menor ruido posible, la idea de “autonomía municipal” por la ventana.
Kicillof definió sus prioridades junto a intendentes kirchneristas.
En ese escenario, la seguridad aparece como otra de las áreas afectadas por la misma lógica. Con una policía en conflicto y recursos cada vez más ajustados, la Provincia enfrenta crecientes dificultades para sostener niveles mínimos de prevención y control.
Mientras se recortan recursos en seguridad y se elimina financiamiento para la asistencia alimentaria, el Ejecutivo mantiene intacto el gasto político y una estructura estatal sobredimensionada, dejando en segundo plano funciones básicas como la seguridad y la contención social.
El escape a la responsabilidad
Kicillof junto a policias bonaerenses.
Mientras desde el oficialismo provincial se intenta instalar el “debate” sobre policías locales, la lógica que se esconde detrás es trasladar responsabilidades a los municipios en lugar de resolver el problema de fondo. Habilitar a los intendentes a hacerse cargo de la seguridad aparece como una forma de desentenderse de una función básica que le corresponde al Estado provincial.
En ese contexto, intendentes opositores remarcan que su prioridad es cuidar a los vecinos, aun cuando la seguridad sea formalmente una competencia de la Provincia. Buscan que los municipios tengan capacidad operativa propia para intervenir donde la Provincia debería actuar, pero no lo hace.
