Se trata de la magistrada Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, ordenó frenar durante 60 días la implementación de la Ley 27.801 con el argumento de evitar un eventual colapso de los centros de detención bonaerenses.
La magistrada hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de "jóvenes privados de su libertad".
La jueza kirchnerista Marta Pascual.
De esta manera, la puesta en marcha del nuevo régimen quedó temporalmente condicionada por una medida judicial que cuestiona la capacidad del sistema provincial para recibir a más delincuentes menores de edad.
Uno de los principales argumentos utilizados por Pascual está relacionado con la incorporación al sistema penal de adolescentes de 14 y 15 años. Según el análisis de la jueza, el ingreso de nuevos jóvenes, sumado a una mayor permanencia de los detenidos, podría provocar un colapso inmediato en los institutos de menores.
La resolución sostiene además que las deficiencias en los espacios destinados a educación y formación laboral pueden terminar teniendo consecuencias sobre la propia seguridad ciudadana. En ese sentido, la magistrada advirtió que el hacinamiento podría "incrementar los niveles de violencia" cuando los jóvenes delincuentes recuperen su libertad.
Con este argumento, Pascual sostuvo que el Poder Judicial debe intervenir antes de que se produzca una "violación de derechos fundamentales" y utilizó el principio precautorio para suspender el traspaso de menores a las cárceles bonaerenses hasta que existan las "condiciones necesarias".
Un asesino menor de edad.
La decisión implica así un freno temporal para una reforma que acababa de comenzar a aplicarse. El nuevo Régimen Penal Juvenil, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años en toda la Argentina.
La medida afecta a jóvenes delincuentes desde los 14 años hasta el día previo a cumplir los 18 años, y busca terminar con la impunidad de quienes, previo a la ley, cometían crímenes graves y terminaban en libertad debido a su edad.
El próximo paso será una audiencia
La suspensión tendrá una duración inicial de 60 días, período durante el cual deberá analizarse la situación de fondo. Para avanzar en ese proceso, la Justicia convocó a una audiencia para el próximo 16 de septiembre a las 10.
El encuentro se realizará en la sala de juicios orales del tribunal de Lomas de Zamora y contará con la presencia obligatoria de los responsables del Poder Ejecutivo provincial.
La audiencia será, de esta manera, una instancia clave para determinar cómo continuará la aplicación del Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires.
Mientras tanto, la decisión de la jueza kirchnerista mantiene suspendida la implementación de una ley apoyada por la mayoría de la sociedad.
