La Justicia bonaerense, alineada con Kicillof, dejará sin trabajo a los rappis

Más costos para las empresas suelen traducirse en menos oportunidades. Frente a este escenario, las plataformas podrían reducir la cantidad de repartidores activos, limitar el ingreso de nuevos trabajadores o trasladar esos costos a precios más altos para los usuarios.

El fallo reconoce la capacidad del Estado provincial para fiscalizar y, en los hechos, avanzar sobre la calificación de la relación laboral. Bajo este criterio, la actividad de los repartidores reúne condiciones típicas de un empleo formal, lo que abre la puerta a exigir su registración bajo esquemas laborales tradicionales.

Esto implica un cambio profundo. Las plataformas podrían verse obligadas a registrar a los repartidores, pagar cargas sociales, contratar seguros y cumplir con toda la normativa laboral vigente. En un modelo que funciona sobre la flexibilidad y los costos variables, el impacto sería inmediato.

Para miles de personas, estas aplicaciones representan una fuente de ingresos accesible, sin barreras de entrada y con horarios flexibles. Ese esquema, que permitió a muchos generar ingresos en contextos difíciles, es justamente el que queda bajo presión con este tipo de fallos.

Detrás de la decisión judicial se encuentra el modelo intervencionista que impulsa la gestión de Axel Kicillof. Bajo esta lógica, el Estado avanza sobre esquemas laborales más flexibles para forzarlos a encajar en estructuras altamente reguladas, incluso cuando eso implica desincentivar la generación de nuevas oportunidades de trabajo.

De consolidarse este camino, el impacto podría ser directo sobre el empleo: miles de repartidores quedarían fuera del sistema o verían reducidas sus oportunidades, perdiendo en muchos casos su única fuente de ingresos.