La Justicia Federal ordenó embargar más de $157.000 millones a la gobernación de la provincia de Buenos Aires debido a graves niveles de contaminación en el sistema hídrico que conecta el Río Santiago, el arroyo El Gato y el Río de la Plata. La decisión fue tomada por el juez federal Alberto Recondo, quien consideró que el daño ambiental detectado es de extrema gravedad y exige medidas urgentes para su remediación.
El embargo asciende a $157.164.287.201 y permanecerá vigente hasta que la provincia avance con obras de saneamiento destinadas a frenar el vertido de efluentes cloacales e industriales sin tratamiento en la región capital bonaerense. La medida judicial apunta a forzar la ejecución de un proyecto destinado al tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales generados en La Plata, Berisso y Ensenada.
La administración de Kicillof en el Río.
Los informes técnicos incorporados al expediente describen una situación alarmante. Según peritajes realizados por especialistas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, el sistema hídrico presenta un grado de contaminación considerado “aberrante”. Los estudios detectaron grandes volúmenes de residuos cloacales y urbanos que transformaron a los cursos de agua en verdaderos receptores de desechos.
El análisis de las muestras reveló que el aporte cloacal es masivo en distintos puntos del arroyo El Gato, especialmente en las descargas provenientes de zonas urbanas de La Plata. También se identificaron focos secundarios de contaminación en otros arroyos de la región, como el Saladero en Berisso y el Canal Oeste y Doña Flora en Ensenada, vinculados tanto a descargas urbanas como a actividad industrial.
Kicillof se perfila como uno de los máximos referentes peronistas.
En su resolución, el magistrado también destacó que el problema no es reciente. Según el fallo judicial, la omisión del Estado provincial para implementar una política sanitaria y ambiental adecuada lleva más de veinte años, lo que excede a la actual administración y refleja un problema estructural en la gestión del sistema cloacal y ambiental de la región.
Las dificultades presupuestarias de la provincia no pueden ser utilizadas como excusa para justificar el incumplimiento de obligaciones ambientales básicas. De acuerdo con el expediente, las obras necesarias para evitar el daño ambiental representaban apenas el 0,67% del presupuesto provincial cuando se proyectaron originalmente en 2022.
