La Justicia resolvió suspender la ejecución de la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, una iniciativa golpista impulsada por la oposición con el único objetivo de destruir al Gobierno de Javier Milei y quebrar al Estado, utilizando de escudo a las universidades.
Según el comunicado del Ministerio de Capital Humano, la resolución se dio en el marco de la causa “CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL Y OTROS / EN PEN D'TO 759/25 s/AMPARO LEY 16.986”, luego de que el Ejecutivo presentara un Recurso Extraordinario Federal contra la sentencia del 31 de marzo de 2026 dictada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.
“El Gobierno nacional presentó un Recurso Extraordinario Federal contra la sentencia del 31/3/26 de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, solicitando el efecto suspensivo. En el día de la fecha, la Cámara concedió dicho recurso”, señaló el Ministerio.
Javier Milei, Sandra Pettovello y Alejandro Álvarez.
De acuerdo con lo resuelto por el tribunal, la concesión del recurso implica que la medida cautelar queda suspendida hasta tanto exista una definición de fondo por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Lo decidido por el tribunal implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar, hasta tanto se expida de manera definitiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, detalló el comunicado.
En su cuenta de X, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, explicó: "La llamada 'ley de financiamiento universitario', impulsada con la intención de destruir el equilibrio fiscal, está SUSPENDIDA".
El presidente Javier Milei.
La decisión judicial se inscribe en una discusión más amplia sobre la viabilidad de la ley y su impacto en las cuentas públicas. La norma, tal como fue planteada, carece de financiamiento claro y destruiría el equilibrio fiscal, uno de los pilares centrales de la política económica actual.
En ese sentido, el Ministerio recordó que “mediante el Decreto N° 759/25 se promulgó la Ley N° 27.775 quedando suspendida en su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento, ya que su aplicación plena comprometía el equilibrio de las cuentas públicas”.
Por último, el Gobierno de Milei ratificó su posición respecto al sistema educativo y el uso de los recursos públicos. “El Gobierno nacional ratifica su compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender, en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas y la asignación eficiente de los recursos del Estado”, concluyó el Ministerio de Capital Humano.
