La resolución judicial fue firmada el 15 de octubre y se conoció públicamente este miércoles 21. Aunque todavía no existe una sentencia definitiva sobre la legalidad de los aumentos, las empresas podrán incorporar nuevamente los valores cuestionados en sus facturas.
Kicillof defendió los aumentos y respaldó los argumentos de las distribuidoras
La controversia comenzó el pasado 18 de septiembre, cuando el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Cóppola, suspendió los aumentos establecidos mediante la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, conducido por Gabriel Katopodis.
El fallo respondió a una presentación del Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien cuestionó que los nuevos valores fueran establecidos sin garantizar previamente una instancia de participación ciudadana. La medida también había ordenado reconocer como saldo a favor de los usuarios las diferencias cobradas mediante los componentes tarifarios suspendidos.
El Gobierno del kirchnerista Axel Kicillof consiguió que la Justicia habilitara nuevamente los aumentos en las tarifas de electricidad de la provincia de Buenos Aires, luego de apelar una medida cautelar que había suspendido los incrementos autorizados por su propia administración.
La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, que hizo lugar a una presentación de la Fiscalía de Estado bonaerense y otorgó efecto suspensivo al recurso contra el fallo de primera instancia.
Axel Kicillof junto a Gabriel Katopodis.
De esta manera, las distribuidoras EDELAP, EDES, EDEA y EDEN quedaron habilitadas para volver a aplicar los incrementos de entre el 1,5% y el 3,5%, que alcanzan a aproximadamente 1,4 millones de usuarios bonaerenses.
Axel Kicillof junto a Gabriel Katopodis y Malena Galmarini.
Sin embargo, lejos de aceptar la resolución, la administración de Kicillof recurrió a la Justicia para defender los incrementos, utilizando argumentos similares a los presentados por las cuatro distribuidoras eléctricas. La Fiscalía de Estado sostuvo que mantener las tarifas anteriores podía comprometer la sustentabilidad económica de las empresas, afectar las inversiones y poner en riesgo la continuidad del suministro eléctrico.
También advirtió sobre las dificultades técnicas de combinar componentes tarifarios provinciales anteriores con precios mayoristas actualizados. La Cámara consideró que esos argumentos permitían advertir preliminarmente una posible afectación del interés público y resolvió suspender los efectos de la cautelar.
Los bonaerenses volverán a pagar los aumentos mientras continúa el juicio
Axel Kicillof.
El conflicto tiene como antecedente la falta de audiencias públicas para discutir las actualizaciones tarifarias. En septiembre, el juez López Cóppola había cuestionado que la Provincia continuara aplicando incrementos mediante un esquema transitorio sin convocar nuevamente a los usuarios. La última audiencia pública vinculada con la revisión integral de tarifas se había realizado en diciembre de 2016.
La nueva resolución judicial modifica provisionalmente ese escenario ypermite restablecer los aumentos impulsados por el Gobierno bonaerense. Así, Kicillof consiguió sostener su política de tarifazos mediante una apelación judicial, pese al reclamo de la propia Defensoría del Pueblo provincial.
