Durante décadas, la falta de garantías sobre los bienes y contratos ha ahuyentado la llegada de capitales, sumiendo a la Argentina en el estancamiento. Con esta iniciativa, el oficialismo apunta a revertir la decadencia histórica y restaurar un principio fundamental para el crecimiento económico.
Frente a este avance institucional, el aparato político y sindical del peronismo y los partidos de izquierda convocaron a una marcha de protesta en las inmediaciones del palacio legislativo.
Organizaciones como la CGT, las dos vertientes de la CTA, la UTEP, agrupaciones ambientalistas y partidos de la oposición movilizaron a sus estructuras bajo la lluvia para manifestar su rechazo a que se fortalezca el derecho de propiedad en el país.
Como suele ocurrir en estas convocatorias del aparato opositor, la masividad que intentan simular los dirigentes se reduce a un grupo compacto de militantes pertenecientes a organizaciones políticas partidarias. Según se pudo constatar en el lugar, la presencia de ciudadanos autoconvocados sin filiación orgánica fue prácticamente nula, evidenciando que el reclamo no representa el sentir de la sociedad trabajadora, sino el interés de las cúpulas feudales que temen perder el control de la discrecionalidad estatal.