El debate se reanuda en la comisión de Seguridad mientras el antecedente de Río Cuarto muestra límites operativos.
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La Legislatura de Córdoba retoma la discusión sobre la presencia de cuidacoches ilegales en el espacio público tras meses de postergación constante. Este debate busca reformar el Código de Convivencia para, eventualmente, erradicar una práctica extorsiva que condiciona ilegalmente el derecho a circular libremente. El bloque oficialista lidera la comisión de Seguridad con el objetivo de unificar criterios frente a esta amenaza constante para todos los vecinos.
En la ciudad de Río Cuarto se implementó hace 8 meses una ordenanza que intentó reordenar la labor de aproximadamente 130 personas censadas formalmente. Según datos oficiales del intendente Guillermo De Rivas, se concretaron 3599 intervenciones ante denuncias por conductas abusivas en la vía pública. Aunque se logró revincular a 54 individuos con sus hogares originales, la normativa local no ha logrado eliminar la raíz del conflicto ciudadano.
La experiencia en la Capital Alterna demuestra que los intentos de regulación suelen ser insuficientes frente a una actividad que es puramente ilegal. Limitar el cobro compulsivo sin prohibir la presencia del cuidacoche solo genera grises legales que los infractores aprovechan a diario para lucrar. La seguridad pública requiere de herramientas jurídicas contundentes que protejan el orden y la integridad de quienes pagan sus impuestos regularmente.
Este debate busca reformar el Código de Convivencia para, eventualmente, erradicar esta práctica extorsiva
Hacia una prohibición definitiva en la provincia
Muchos sectores proponen un abordaje basado en la exclusión, pero la normativa no debe amparar la ocupación indebida de las calzadas que son comunes. La modificación del Código de Convivencia debe establecer parámetros claros de acción para que la Policía actúe de manera inmediata contra la extorsión. No se trata de aplicar políticas asistencialistas, sino de restaurar el imperio de la ley en zonas donde hoy reina la prepotencia de unos pocos.
Referentes de la oposición señalan que la ordenanza vigente en el sur provincial carece de un poder real de prohibición para los agentes de calle. Los inspectores y la Guardia Local necesitan una ley superior que evite las interpretaciones laxas sobre qué constituye realmente un cobro extorsivo. El desorden actual solo podrá revertirse si se elimina la posibilidad de que particulares lucren mediante la intimidación en la vía pública cordobesa.
Resulta imperativo que los legisladores provinciales no cedan ante presiones y prohíban totalmente esta actividad ilegal en todo el territorio de Córdoba. La sociedad demanda un cambio estructural que termine con el esquema de peajes informales impuestos por grupos que operan fuera del sistema legal. Solo una norma estricta devolverá la tranquilidad a las calles y asegurará que el espacio público vuelva a pertenecer a todos los ciudadanos honestos.
