Nuevo réves para Tapia y Toviggino: la Cámara rechazó sobreseerlos y respaldó la investigación por retención de aportes

En ese sentido, el tribunal fue claro: "El alcance de esas resoluciones administrativas no permite descartar de modo manifiesto la comisión de los delitos investigados", y remarcó que no hay una "inexistencia evidente" del ilícito que justifique cerrar la causa en esta instancia.

Por otra parte, en su resolución la Cámara también impuso las costas del proceso a las defensas, al considerar que fueron la parte vencida en el planteo, y señaló que no es necesario acreditar mala fe para aplicar esta medida.

Cabe recordar que, además de Tapia y Toviggino, el expediente también involucra a otros dirigentes como Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo, todos alcanzados por procesamientos en primera instancia.

Con esta decisión, la causa entra en una nueva etapa. La Cámara deberá ahora analizar las apelaciones sobre esos procesamientos dictados en primera instancia y definir si los confirma, lo que abriría el camino hacia un eventual juicio oral, o si modifica la situación judicial de los imputados.

Por ahora, el mensaje del tribunal es contundente: no hay elementos suficientes para descartar la existencia de delito y la investigación sobre uno de los núcleos más sensibles del fútbol argentino seguirá avanzando.

Según la causa, se investiga la presunta retención indebida de más de 19 mil millones de pesos correspondientes a impuestos, como IVA y Ganancias, y aportes a la seguridad social, en distintos períodos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. De acuerdo con la hipótesis fiscal, esos fondos habrían sido retenidos por la AFA, pero no depositados dentro de los plazos legales, que establecen un límite de 30 días tras el vencimiento.

Uno de los argumentos centrales de la defensa era que existían resoluciones del Ministerio de Economía y de la Agencia recaudadora que suspendían las ejecuciones fiscales contra entidades sin fines de lucro, como la AFA. Sin embargo, la Cámara descartó esa interpretación al sostener que dichas medidas no eliminaban la obligación de pago, sino que solo limitaban temporalmente las acciones de cobro.