El Gobierno bonaerense asignó $59.337 millones a Comunicación Pública, mientras el artículo 41 del Presupuesto establece que determinados subsidios municipales no utilizados no tienen obligación de devolución.
En un abierto contraste con la política de austeridad, déficit cero y fin definitivo de la pauta oficial promovida por el Presidente Javier Milei, la administración kirchneristade Axel Kicillof decidió destinar al Ministerio de Comunicación Pública la exorbitante suma de $59.337.766.000. Este desembolso multimillonario no responde a una necesidad informativa, sino a un mecanismo sistemático de financiamiento público orientado a garantizar que los medios de comunicación beneficiados oculten de forma deliberada las maniobras de desvío de fondos y la falta de transparencia de la gestión provincial.
Con la sanción de la Ley N° 15.557 —promulgada el 15 de diciembre de 2025 mediante el Decreto N° 2944/2025—, la Provincia de Buenos Aires institucionalizó un severo descalabro financiero. En oposición al ordenamiento fiscal que lidera el Gobierno Nacional, la norma fija las erogaciones en la astronómica cifra de $43.021.244.867.935 frente a un cálculo de recursos de apenas $41.484.520.658.935, lo que genera un déficit fiscal o necesidad de financiamiento de $1.536.724.209.000.
Artículo 41
Para cubrir la brecha presupuestaria, el Ejecutivo apela a fuentes financieras por $3.968.701.077.000 (compuestas por $2.733.844.000 de disminución de la inversión financiera y $3.965.967.233.000 de endeudamiento público e incremento de otros pasivos), mientras que las aplicaciones financieras ascienden a $2.431.976.868.000 ($21.989.915.000 para inversión financiera y $2.409.986.953.000 destinados a la amortización de deuda). Además, bajo el pretexto del artículo 1°, se decreta la emergencia económica hasta el 31 de marzo de 2027, mientras que el artículo 3° suspende las reglas de responsabilidad fiscal de la Ley N° 13.295, liberando los frenos al gasto descontrolado.
Silenciado por la red de prensa subvencionada, el articulado de la ley esconde serias trampas de discrecionalidad:
El Polémico Artículo 41: Establece que las sumas transferidas como subsidios a municipios no ejecutadas al 31/12/2025“podrán ser dispuestas por ellos y no recae a su respecto deber de devolución, sin que esto genere responsabilidad en los funcionarios actuantes”. Esto legaliza un canal para que los intendentes retengan y utilicen fondos públicos de manera discrecional y sin rendición de cuentas.
Cajas Chicas y Exenciones (Arts. 17 y 35-39): El artículo 17° asigna $200.000 mensuales a consejeros del Consejo de la Magistratura para Gastos Funcionales“sin sujeción a las disposiciones inherentes al régimen de contrataciones y rendición de cuentas”. A su vez, los artículos 35° al 39° facultan al Tribunal de Cuentas a eximir de sanciones a funcionarios municipales por desvío de fondos afectados o excesos de gasto.
Flexibilización y Topes (Arts. 24, 28, 34, 40 y 42): El artículo 24° fija un límite formal del 7 % para modificaciones presupuestarias saturado de excepciones; el artículo 28° limita gastos en inmuebles cedidos a $1.747.370 y alquilados a $2.589.852; el artículo 34° fija el techo de ARBA en $191.354.759.000; el artículo 40° reglamenta el 16,14 % del fondo educativo; y el artículo 42° convalida excesos salariales de 2025, fijando en el artículo 13° una plantilla de 16.058 cargos permanentes y 1.889temporarios en organismos descentralizados.
Explicación de artículos/ Hugo Villada (EVL)
El presupuesto sostiene cuantiosas partidas para la burocracia estatal: Gobernación ($195.123.347.000, incluyendo Secretaría General con $105.562.575.000, Coordinación Gobernador con $6.421.569.000 y Jefatura de Asesores con $83.139.203.000); Ministerio de Salud ($3.047.132.681.000); Ministerio de Seguridad ($3.293.327.703.000); Educación ($10.661.740.158.000); IOMA ($2.422.114.040.000); Lotería y Casinos ($1.767.670.943.000); Banco Provincia ($1.612.616.718.841); Ministerio de Gobierno ($76.628.361.000); Ministerio de Mujeres ($21.660.303.000); Ministerio de Ambiente ($44.664.509.000); e Instituto Cultural ($87.014.290.000).
Asimismo, se autorizan $1.000.000.000 para la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco-Las Piedras (Art. 109), $30.000.000.000 adicionales para la justicia (Art. 110) y 500 cargos nuevos en el Poder Judicial (Art. 111).
Axel Kicillof, gobernador bonaerense.
La iniciativa se originó en el Mensaje N° 4497 del 4 de noviembre de 2025 y fue avalada por las autoridades legislativas Alexis Raúl Guerrera, Veronica Magario, Gervasio Bozzano y Miguel Angel Bampini, con registro del Lic. Facundo E. Aravena. Finalmente, el Gobernador Axel Kicillof promulgó la ley vía Decreto N° 2944/2025 junto a sus ministros Pablo Julio López y Carlos Alberto Bianco, observando únicamente el artículo 94 relativo a obras públicas.
Lejos de informar con objetividad a la ciudadanía, la prensa pautada silencia el verdadero destino de los recursos presupuestarios bonaerenses. La propaganda estatal se convirtió así en el pilar fundamental del kirchnerismo para sostener sus ambiciones electorales, alimentar a las estructuras territoriales del Conurbano y garantizar recursos discrecionales para sus intendentes aliados, todo financiado a costa del esfuerzo de los contribuyentes.
