Las autoridades bolivianas detectaron inconsistencias entre los motivos de ingreso declarados y las actividades anunciadas por la delegación. Cancillería argentina sostuvo que la medida se enmarca en las facultades soberanas de cada Estado para controlar sus fronteras.
Roberto Martín Illanez: Dirigente peronista.
Matías Gayol: Abogado y militante comunista del Partido Piquetero, actualmente jefe de asesores del diputado Juan Marino.
María del Rosario Hasperué: Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma bonaerense y referente en temas de niñez.
Matías Ezequiel Bohl: Militante de ideología comunista.
María José Cano: Integrante de la CTA Autónoma.
Alejandrina Barry: Diputada porteña por el PTS - FIT Unidad.
Facundo Nahuel Arzamendia: Periodista vinculado a Radio Nacional Córdoba.
Soledad Mara Mosquera: Docente de la Ciudad, Secretaria General de Ademys y militante de Izquierda Socialista.
Cristina Andrea Reile: Abogada vinculada al ámbito judicial y de los derechos humanos.
Ingrid Natali Urrutia: Politóloga del MST, delegada de ATE INCAA y legisladora porteña electa.
Analdo César Villca Tupa: Ciudadano boliviano que acompañaba la delegación.
Lejos de proteger la conducta irregular de estos militantes, el Gobierno de Javier Milei, a través del Canciller Pablo Quirno, confirmó que la medida boliviana se ajusta a derecho debido a las flagrantes contradicciones de los viajeros.
En un comunicado oficial, Quirno fue contundente: "Las autoridades bolivianas han comunicado oficialmente que, durante los controles migratorios realizados, se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación". El funcionario argentino subrayó que Bolivia actuó en "ejercicio de las facultades soberanas que corresponden a todo Estado para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras", validando así la decisión de "no admitir el ingreso de los integrantes del grupo".
En una muestra de autoridad y defensa de la soberanía, el gobierno de Rodrigo Paz frenó el intento de injerencia de una delegación de legisladores y militantes de extrema izquierda argentina. La administración del presidente Rodrigo Paz ha dado una lección de firmeza al aplicar de manera estricta la Ley N° 370 de Migración. En un operativo realizado en el aeropuerto de La Paz, las autoridades detectaron que un grupo de ciudadanos argentinos intentaba ingresar al país sin cumplir con los requisitos básicos de "itinerario y hospedaje".
Lo que presentaban como una "Misión Humanitaria" no era más que un caballo de Troya para registrar supuestas "violaciones a los derechos humanos" y así alimentar el clima de violentos disturbios que sectores leales al exmandatario Evo Morales impulsan para desestabilizar al actual gobierno.
En Bolivia estos militantes del desorden se chocaron con un Estado renovado y que funciona. La delegación, que arribó inicialmente en el vuelo 701 de Boliviana de Aviación con conexión a la sede de gobierno en el vuelo 663, estaba compuesta por figuras clave del peronismo y el Frente de Izquierda:
Juan Marino: Diputado nacional por el bloque Unión por la Patria.
Vanina Biasi: Legisladora porteña de extrema izquierda, quien fue captada en videos atacando a los oficiales locales en la terminal aérea.
