El Gobierno de Javier Milei avanza en una revisión profunda del proyecto nuclear CAREM 25, una de las iniciativas más emblemáticas —y controvertidas— de la política tecnológica argentina en las últimas décadas.
En una columna de opinión, el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, planteó sin rodeos que el proyecto, tal como fue concebido, no cumple con criterios básicos de eficiencia, viabilidad económica ni validación técnica.
El mensaje es claro: el problema no es la capacidad nuclear argentina, sino cómo se administraron los recursos y las decisiones durante más de 40 años.
Argentina sí tiene soberanía nuclear, pero no gracias al CAREM
Lejos de cuestionar el desarrollo nuclear, Ramos Napoli remarca que Argentina ya posee una estructura sólida y reconocida a nivel global.
El país cuenta con tres centrales operativas —Atucha I, Atucha II y Embalse—, dominio del ciclo de combustible, exportación de reactores de investigación y producción de radioisótopos.
“Nos respetan por lo que funciona”, sintetiza el funcionario, marcando distancia con la narrativa histórica del CAREM.
Un proyecto con ambición técnica, pero sin viabilidad real
El CAREM 25 fue presentado durante décadas como un símbolo de soberanía tecnológica. Sin embargo, el diagnóstico oficial apunta a una falla estructural: se priorizó la ambición técnica por sobre la validación progresiva.
El reactor incorporó múltiples innovaciones simultáneas —sistemas sin bombas, diseño integrado y mecanismos de control inéditos— sin pruebas previas independientes.
En el sector nuclear, donde la seguridad y la previsibilidad son centrales, esa acumulación de riesgos resultó determinante.
El punto crítico: costos elevados y ausencia de demanda
Uno de los ejes más contundentes del análisis es económico.
El CAREM 25, con una potencia de apenas 25 MW, enfrenta costos fijos similares a los de centrales mucho más grandes. Esto dispara el precio de la energía generada.
Según el planteo de Ramos Napoli, el costo por megavatio/hora sería más de seis veces superior al de las centrales actuales.
Pero el dato más relevante es otro:
el proyecto nunca tuvo un cliente real.
Ninguna empresa, provincia ni actor del mercado estaba dispuesto a pagar ese costo. El único financiamiento provino del Estado, sin validación de mercado.
40 años de incentivos distorsionados
El funcionario también describe un sistema que permitió sostener el proyecto durante décadas sin resultados concretos.
Entre los factores que lo explican:
Incentivos institucionales para mantener el presupuesto
Reconocimiento internacional desvinculado del resultado
