Esto permitió descomprimir el sistema de salud pública, optimizando recursos y priorizando la atención de los argentinos.
A un año y medio de la implementación del arancelamiento a extranjeros no residentes, una política promovida a nivel nacional por el Gobierno de Javier Milei, el sistema de salud pública en el norte del país muestra un cambio contundente.
En el departamento de Orán, en Salta, la demanda de atención por parte de embarazadas bolivianas se redujo cerca de un 95%, marcando un antes y un después en el funcionamiento de los hospitales de la región.
Ese escenario cambió de forma significativa. En la actualidad, las estadísticas muestran que apenas entre 3 y 4 pacientes extranjeros por mes acuden al hospital, y en su mayoría lo hacen por emergencias, principalmente derivadas de accidentes viales en la Ruta Nacional 50.
La transformación se observa con claridad en el Hospital San Vicente de Paul, uno de los principales centros de salud del norte salteño. Allí, la presencia de pacientes extranjeros, especialmente provenientes de Bolivia, cayó de manera drástica desde la puesta en marcha del cobro obligatorio para prácticas médicas programadas.
Según explicó la gerenta del hospital, Silvia Gutiérrez, antes de la medida el flujo de mujeres embarazadas que cruzaban la frontera desde Bermejo era constante. El hospital atendía entre 30 y 50 partos mensuales de madres bolivianas que buscaban dar a luz en Argentina, atraídas por la gratuidad del sistema público y la posibilidad de gestionar la nacionalidad y el DNI argentino para sus hijos.
Desde la dirección del hospital también detallaron el impacto económico que implicaban estas atenciones. Un parto normal tiene un costo base de $700.000 por día de internación, cifra que puede escalar hasta los $2.000.000 cuando se trata de una atención integral. En este contexto, el arancelamiento permitió reducir una carga que durante años recayó sobre el sistema financiado por los contribuyentes argentinos.
A pesar del cambio, las autoridades sanitarias remarcaron que el protocolo de emergencias se mantiene intacto: cualquier persona que ingrese con riesgo de vida recibe atención inmediata sin distinción de nacionalidad. Sin embargo, toda práctica programada debe abonarse previamente, en línea con el nuevo esquema.
Para los habitantes de Orán, Aguas Blancas y otras localidades del departamento, la caída en la demanda extranjera representa un alivio concreto. La menor ocupación de camas y quirófanos se traduce en más turnos disponibles, reducción en los tiempos de espera y una mejor administración de insumos médicos.
