Los imputados por encubrimiento brindaron testimonio ante la Justicia mientras la declaración de un nuevo testigo reveló la eliminación de mensajes clave tras el crimen.
El abogado defensor Ángelo Georgetti argumentó que el uso del automóvil Ford Ka negro no constituyó un acto criminal organizado, señalando que el coche se lavó recién el martes a las 21:00 horas. Según la defensa, la falta de inmediatez en la limpieza del rodado demuestra que los propietarios no tenían conocimiento del delito ejecutado por Barrelier.
Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta, imputados por encubrimiento agravado en la causa por el homicidio de Agostina Vega, ampliaron sus declaraciones ante el fiscal de instrucción Raúl Garzón. Ambos acusados buscaron desvincularse formalmente de las maniobras de ocultamiento del principal imputado, Claudio Barrelier, defendiendo su inocencia en el expediente judicial.
La investigación cuenta actualmente con 4 detenidos tras la reciente captura de Marianela Palmero, pareja del sospechoso. La fiscalía intenta determinar con precisión el nivel de conocimiento de los implicados sobre el traslado del cuerpo de la menor de 14 años desde barrio Cofico hasta un descampado en Ampliación Ferreyra.
El avance del proceso sumó el testimonio clave del inquilino Matías Córdoba, quien aportó datos sobre los hechos ocurridos en la vivienda de Juan del Campillo al 800. El testigo describió un intercambio de información crucial entre su pareja, Ludmila, y la detenida Marianela Palmero durante la madrugada del crimen.
Según la declaración incorporada al expediente por el abogado Carlos Nayi, Palmero admitió haber escuchado un grito fuerte en el domicilio y enviado un mensaje de texto al principal acusado para alertarlo. Ante esto, Barrelier le ordenó de forma directa que borrara inmediatamente la comunicación de su dispositivo móvil para evitar el registro del hecho.
Los tribunales de Córdoba concentran su actividad en peritar las comunicaciones telefónicas para esclarecer el entramado de encubrimiento y determinar si existen más colaboradores. La resolución eficiente de este caso resulta indispensable para garantizar la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento institucional que exige la sociedad civil de la provincia.
